La nueva ley de Tráfico no convence

El martes entrará en vigor la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial, aprobada en noviembre del año pasado, que «ahorrará dinero» a la mayoría de los conductores que pagan sus multas y acabará con la «impunidad» de los que quieren escaquearse de pagar. Al menos así es como la «vende» el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Entre las medidas contempladas por la nueva normativa, destaca el aumento del 30 al 50 por ciento del descuento por pronto pago de las sanciones. Además de crear un procedimiento sancionador abreviado, la ley aumenta el plazo de prescripción de las sanciones de un año a cuatro para que resulte más complicado evitar pago.

Las asociaciones de automovilistas no han tardado en criticar una reforma que lleva implícita la premisa «paga, porque te saldrá más barato», lo que «es incompatible con la seguridad jurídica» del propio conductor. Para el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, la seguridad vial «se trata de acorralar al ciudadano y transformar las multas de tráfico en un impuesto más».

El abogado asturiano experto en temas de tráfico Pablo Martínez Sánchez resalta un aspecto positivo de la ley: «la recaudación de las multas se va a destinar a cuestiones relativas a seguridad vial». Sin embargo, el balance que realiza de la nueva normativa es negativo. «Si tuviese que sintetizar espíritu lo concretaría en más dinero y menos papeles». Para Martínez, el Ministerio del Interior «no dice toda la verdad» cuando anuncia que se ha producido una rebaja en el importe de la cuantía de las sanciones. «Las sanciones leves, que antes tenían un tramo de 1 a 90 euros, ahora suben a 100 euros; para las infracciones graves y muy graves, antes sancionadas entre 91 y 300 euros, ahora se fija una cuantía de 200 euros, cuando lo normal es que se aplicasen multas de 150 euros», explica. «Además, antes nunca se podía pasar de esos límites pero ahora por reincidencia o peligro potencial creado por el infractor la multa puede subir un 30 por ciento más», añade. El abogado también puntualiza que la cuantía de alguna sanción se ha incrementado mucho, como los 6.000 euros por llevar en el coche un dispositivo que elude el radar. «En España se tramitan 15 millones de procedimientos sancionadores al año; eso es mucho papel. Esta reforma tiene como finalidad hacer que los procedimientos sancionadores tarden lo menos posible y evitar el papeleo para las administraciones públicas», sostiene Pablo Martínez Sánchez. «En el fondo se está pretendiendo la búsqueda de un resultado loable, la disminución de accidentes, a costa de la vulneración de derechos de los ciudadanos», asegura.

Para el presidente de la Asociación Española de Accidentología Vial, el también asturiano Raimundo García Cuesta, la nueva Ley de tráfico supone «la enésima vuelta de tuerca al procedimiento sancionador: siempre se centran en lo mismo», asegura, a la vez que advierte de que «vendrán más reformas cuando comiencen a aparecer fallos». García Cuesta asegura que «desde el punto de vista de la siniestrailidad, la ley aporta muy poco», al igual que desde el punto de vista del «valor pedagógico». Para García Cuesta rebajar la sanción el 50 por ciento con el sistema del pronto pago es «contraproducente» con este último valor.

El presidente de la Asociación Española de Accidentología Vial hace una lectura positiva de uno de los puntos de la ley: el sistema homogéneo de las sanciones en todas las administraciones. «Lo mejor es que se paga lo mismo por la misma infracción en toda España; pero esto no es nuevo, antes de otra reforma legal, en 1989, las sanciones ya estaban unificadas», explica. «Para mí esto supone una evidente falta de ideas», cuenta Raimundo García Cuesta.

Esta unificación del coste de las sanciones ha sido muy bien recibida por las administraciones locales, también en Asturias. La concejala de Seguridad Ciudadana en Oviedo, Conchita García, explicó ayer que «la unificación de las cuantías en todas las administraciones ofrece un alto nivel de seguridad jurídica al ciudadano». En un análisis más profundo, la edil ovetense sostiene que «atendiendo al procedimiento sancionador, la ley ofrece ventajas a las administraciones porque lo aligera». También explica que «a los que no están dispuestos a pagar la multa y las retrasan, la ley les impide toda esa tramitación, por lo que garantiza el pago de las multas. García espera que la nueva normativa «sirva para aumentar la seguridad vial». Su homóloga en el Ayuntamiento de Gijón, la edil Begoña Huergo valora la ley de forma positiva al considerar que «todo aquello que esté encaminado a reducir la probabilidad de número de accidentes, ya sea con medidas preventivas y o medidas coercitivas es bienvenido».

Por último, las asociaciones de minusválidos en Asturias también celebran que la nueva Ley considere infracción grave aparcar en una plaza para discapacitados. «Son muchos los que ocupan nuestras plazas "sólo por cinco minutos" impidiéndonos así participar de la vida social», explica el vicepresidente de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos (Aspaym), Javier Rubio.