Madrid / Oviedo, F. G. / J. A. O.

«Hay que acabar con la cultura del modificado». José Blanco incluye una drástica reducción de los sobrecostes en las obras dentro de las medidas que ayer anunció para reducir el gasto en su departamento. El Ministerio de Fomento se va a apoyar en la ley de Economía Sostenible para cifrar en un diez por ciento la cuantía máxima de los incrementos presupuestarios de las administraciones públicas. Sobrepasar ese límite conllevará la rescisión del contrato y la necesidad de proceder a una nueva licitación, señaló Blanco durante la comparecencia de ayer en el Congreso.

La aplicación de esta medida hubiera tenido consecuencias en algunas de las grandes obras de Asturias. La ampliación de El Musel, en Gijón, alcanzó un sobrecoste del 40 por ciento sobre el presupuesto inicial, con 215 millones de más sobre lo adjudicado. Por su lado, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), va ya por un 44 por ciento de incremento, con 90,5 millones. También superan el límite del diez por ciento los incrementos reconocidos en la construcción de la «Y» de Bimenes, una obra que se financia con cargo a los fondos para la reactivación de las comarcas mineras y que, según reconoce ya el Ejecutivo, suma 45 millones de gasto por encima de lo presupuestado. Lo mismo se puede decir de algunos tramos en construcción de la Autovía del Cantábrico o de la que va de Oviedo a La Espina, con 30,79 y 28,8 millones de euros de incremento sobre el coste inicial.

En su comparecencia de ayer en el Congreso, José Blanco, que en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA criticó la gestión que provocó el enorme sobrecoste en las obras de El Musel, al que se hará frente mediante un crédito solicitado por la Autoridad Portuaria y avalado por Fomento, aseguró que el Gobierno ya ha introducido en los pliegos de contratación variaciones en la valoración de las puntuaciones de la oferta económica, para reducir el impacto de los modificados. Además, tras subrayar que una de las causas del incremento del coste son las obras adicionales planteadas por otras administraciones públicas, Blanco anunció que, a partir de ahora, ese gasto será abonado por quien solicite la actuación, siempre que ésta no se haya justificado por la funcionalidad del cambio.