La crisis escala en los Picos

El dinero mueve el parque nacional de los Picos de Europa. Tanto así que después de seis años de negociaciones infructuosas y de continuos desencuentros entre las tres comunidades autónomas -Cantabria, Asturias y Castilla y León- ha sido el dinero el que ha posibilitado un acuerdo entre los tres gobiernos regionales, que, sólo unos días antes del apretón de manos certificado el pasado lunes en Covadonga, defendían posiciones irreconciliables. Fue el dinero el que permitió el acuerdo para refundar el Parque, porque las tres comunidades de los Picos de Europa no podían permitir que la firma del traspaso de las competencias se retrasara a 2011. ¿Por qué? Porque el año que viene habrá un drástico recorte en los Presupuestos del Estado y, en consecuencia, también en el dinero que Medio Ambiente podría aportar junto a las competencias del Parque. Hay que firmar este año a toda costa. De ahí el afán por rubricar el traspaso el próximo octubre: así dará tiempo a que la inyección económica se realice con cargo a las cuentas de este año y se evitarán los recortes. De ahí que la marejada de hace un mes se haya tornado en calma chicha.

l El problema del personal. ¿Cómo es posible que en sólo dos horas de reunión se haya cerrado un acuerdo que resultó imposible durante seis años? Es cierto que había mucho trabajo anterior y que las principales discrepancias se centraban en un punto: la asimétrica distribución del personal del Parque, que tiene en la actualidad 67 trabajadores en Asturias, 22 en Castilla y León y 2 en Cantabria. Pero también es verdad que los tres gobiernos regionales, después de meses de acusaciones y pullas, se habían conjurado para sellar un acuerdo, aun dejando asuntos en el aire. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para repartir la actual plantilla del Parque (el Principado defiende que no se puede obligar a los trabajadores a cambiar su sede laboral), las tres regiones optaron por dejar la pelota en el tejado del Estado. Así que pactaron solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que aporte la cantidad de dinero necesaria para cubrir las plazas vacantes en el Parque (cinco) y para convocar las que Castilla y León y Cantabria estiman necesarias para atender «su» parte de los Picos de Europa. Y ahora que conteste el Ministerio.

Claro que el departamento que encabeza Elena Espinosa ya ha dicho por activa y por pasiva que no aportará más dinero y resulta improbable que ceda. Si finalmente el Estado asume las exigencias de las regiones, el problema estará finiquitado. Pero si no acepta, habrá un serio problema. Las comunidades autónomas no han querido explicar qué ocurrirá en este último caso, aunque el Principado aseguraba el lunes que en Covadonga se alcanzó también un «acuerdo base de distribución» de la plantilla, que podrá tener «distintos desarrollos según transcurra la negociación con la Administración general del Estado». Todo muy críptico, sobre todo porque el mismo día, el consejero asturiano de Medio Ambiente, Francisco González Buendía, aseguraba que los trabajadores del Parque seguirían «tal y como están» y «desarrollando su trabajo exactamente donde lo ejercen». Mientras tanto, los representantes sindicales de los trabajadores del Parque niegan ser el problema.

Las regiones de los Picos, en todo caso, dan por sentado que el traspaso de las competencias se firmará en octubre, diga lo que diga el Ministerio. Y ya han adelantado que el Parque tendrá ese año 5,4 millones de presupuesto (la mayor parte la aportará el Estado), sin contar los gastos de personal, dado que ese capítulo está pendiente de la respuesta ministerial. El Parque, como se ve, se mueve entre las certezas y las dudas.

l Las certezas. Si algo está claro es que el futuro parque nacional tendrá tres codirectores, uno en cada comunidad autónoma. Y que la dirección será rotatoria; esto es, la asumirá cada año uno de los codirectores. El primer director será asturiano. Tres codirectores, como querían Cantabria y Castilla y León, pero un solo plan rector de uso y gestión (PRUG), como defendía Asturias. Habrá un único PRUG (o al menos un texto idéntico en las tres regiones), pero todo indica que la literatura del documento será lo suficientemente abstracta como para contentar a todos. En palabras de los políticos del Parque, el plan de uso respetará las «singularidades de los tres territorios». O sea, que está por ver si, por ejemplo, se continúa cazando y pescando en la zona leonesa del Parque, mientras que estas actividades están prohibida en la asturiana.

Otro «triunfo» simbólico de Asturias: la sede oficial del parque nacional seguirá estando en Oviedo. A cambio, el Principado ha aceptado que se creen subsedes en León y Cantabria. Los gobiernos cántabro y castellano-leonés creen que, «con el tiempo», habrá tres sedes oficiales, una en cada comunidad autónoma.

Una certeza más: el futuro parque nacional será gestionado a través de un consorcio, que integrarán los tres consejeros de Medio Ambiente, con voz y voto, y, con voz pero sin voto, un representante del Estado y otro de los ayuntamientos. También en este punto había dos visiones radicalmente distintas: Asturias defendía un consorcio «fuerte», que controlara los dineros y los medios -también los humanos- del Parque. Cantabria y Castilla y León preferían un consorcio «débil», que fuera poco más que un foro de encuentro. El Principado rechazó de plano esta propuesta, al considerar que podría quebrar la gestión unitaria y la unida ambiental de los tres macizos de los Picos de Europa. Finalmente, el acuerdo estipula que quedarán asignados al consorcio de los Picos tanto los presupuestos del área protegida como el personal, así que, en teoría, se ha impuesto la tesis asturiana. Eso sí, en la práctica, cada comunidad recibirá su parte, «lo que le corresponda del traspaso», y «el conjunto de esos medios se pondrán al servicio del consorcio».

l Las dudas. Aparte del personal, las dudas se centran en si la gestión a través de tres codirecciones, dependientes cada uno de ellos de una comunidad autónoma distinta, gobernada por diferentes partidos y con criterios de conservación y desarrollo diversos, supondrá la aparición de tres «reinos de taifas». El Principado ha defendido en los últimos años, al menos en teoría, una visión basada en el denominado «ecodesarrollo», con el que se persigue compaginar la conservación ambiental con las actividades tradicionales, especialmente la ganadería de montaña y la elaboración de queso. Claro que ese discurso conservacionista choca con la realidad. Una realidad que muestra que Asturias está decidida a fomentar el uso turístico del funicular de Bulnes, e impulsa planes turísticos, como el de Transporte a los Lagos, que incluye grandes zonas de aparcamiento (una de ellas, la de Buferrera, dentro de la zona protegida) y, si no se desecha finalmente, la construcción de un elevador panorámico a Covadonga, amén de sendas peatonales, pasos elevados y estacionamientos ecológicos. Las regiones vecinas, por su lado, nunca han ocultado su intención de explotar el turismo en el interior del Parque. Cantabria, con el teleférico de Fuente Dé como principal reclamo. Y Castilla y León, con ambiciosos planes como el de construir una macroestación de esquí en San Glorio.

La crisis económica también plantea serias dudas sobre el futuro del Parque, hasta ahora financiado por el Estado, pero cuyos principales sostenes económicos pasarán a ser las comunidades autónomas. El problema es que el parque nacional no genera ingresos, salvo en el caso del teleférico de Fuente Dé, gestionado por el Gobierno de Cantabria. Aparte de ese remonte, todo son gastos. Incluso el funicular de Bulnes genera pérdidas: unos 300.000 euros al año. Y está por ver la capacidad de las tres regiones de los Picos de Europa para sostener económicamente un espacio natural que genera mucho gasto. El Ejecutivo asturiano, en sintonía con el empresariado de la zona, ya se manifestó radicalmente en contra de cualquier tasa a los visitantes del espacio.

Otra duda surge al analizar las diferentes políticas que se han aplicado en materias delicadas o conflictivas como la caza o la gestión del lobo. Esta especie tiene la catalogación de cinegética en Cantabria y Castilla y León, mientras que en Asturias vive en una especie de limbo, dado que ni es cinegética ni está protegida. Además, mientras que en Asturias cazar dentro del Parque está prohibido, en Castilla y León se caza, aunque un convenio establece que la actividad cesará en unos años.

¿Qué ocurrirá con un Parque dividido en tres territorios gobernados por diferentes gobiernos? Los alcaldes asturianos, tanto los del PSOE como los del PP, lo tienen claro: las prohibiciones deben ser iguales, ya que lo contrario provoca «tensiones sociales» y genera situaciones «absurdas», como que se pueda pescar en una orilla de un río y no en la de enfrente. Los alcaldes de Castilla y León y Cantabria, por el contrario, defienden el respeto a las «singularidades» y usan como ejemplo de las «diferencias» regionales el hecho de que el lobo, que vive a uno y otro lado de la Cordillera, nunca ha supuesto un grave problema en León mientras que sí lo es en Asturias.