«Al cortar el crédito se penaliza a los vecinos y a los ayuntamientos bien gestionados»

Juan José Fernández Pereiro (PSOE), presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y a su vez alcalde socialista del concejo de Valdés, analiza la prohibición de solicitar créditos que el Gobierno central ha aprobado para las administraciones locales a partir de 2011. Pereiro cree que hay que flexibilizar la medida para que no se penalice igual a los ayuntamientos que han gestionado bien como a los que han gestionado mal y se han endeudado en exceso. Ahora, tiene la confianza de que la solicitud de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para «flexibilizar» la prohibición consiga que el Gobierno permita, al menos, solicitar créditos para obras cofinanciadas con otras administraciones o para aquellas que son plurianuales, para evitar lo que Pereiro denomina como «un año en blanco».

-Ahora que el Gobierno ha aplazado hasta el 2011 la «veda» al crédito para los ayuntamientos, ¿qué ocurrirá en estos meses?, ¿acudirán en masa los alcaldes a los bancos para solicitar financiación?

-La capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos está perfectamente delimitada. Por tanto, nunca se podrá ir más allá de lo permitido. Lo que sí ocurrirá ahora es que las corporaciones comenzaremos a programar nuestras políticas presupuestarias teniendo en cuenta que, de momento, en 2011 no podremos realizar operaciones de crédito a largo plazo. Cada Ayuntamiento actuará en consecuencia y con responsabilidad de acuerdo a estas previsiones y a la capacidad de endeudamiento de que disponga.

-La alcaldesa de Gijón, vicepresidenta de la FEMP, aseguró que en la reunión de la Federación, en la que ella estuvo presente, se decidió solicitar al Gobierno que permita contratar créditos de obras cofinanciadas y plurianuales. ¿Defiende usted lo mismo?

-Aunque la tramitación de esta medida como real decreto limita las posibilidades de cambios, la FACC confía en que durante el diálogo entre el Gobierno y la FEMP se pueda avanzar en un desarrollo más flexible. Las medidas propuestas por Paz Fernández Felgueroso nos parecen oportunas, como también sería una mejora importante flexibilizar la jerarquía impuesta a la hora de destinar el ahorro que se produzca en el capítulo de personal. ¿Por qué primar la amortización de créditos sobre las inversiones? Con una deuda bien estructurada debería posibilitarse que cada Ayuntamiento decidiera si invierte dicho ahorro en nuevos proyectos o en pagar créditos.

-¿Quiénes sufrirán más con el recorte, los ayuntamientos grandes o los pequeños?

-Aunque afecta a todos los ayuntamientos por igual, quizá sus efectos se puedan sentir de forma más clara en los medianos y grandes municipios, donde las operaciones de crédito a largo plazo son un instrumento financiero más habitual.

-¿Cuáles son los problemas concretos que se derivarán del recorte en el crédito?

-El principal, que limita casi por completo a los ayuntamientos la capacidad de iniciar inversión nueva durante 2011. Nuestros gastos corrientes por competencias propias e impropias son tan elevados que apenas disponemos de capacidad de ahorro neto para inversiones. Por tanto, estaríamos hablando de un año sin proyectos cuya financiación dependa de este tipo de operaciones.

-¿Podría darse el caso de que algunas administraciones locales no dispongan de crédito para pagar a sus empleados?

-Categóricamente, no. En este sentido, no debe plantearse ninguna duda. Los ayuntamientos valoramos el esfuerzo que ya se les va a pedir a los trabajadores municipales en sus retribuciones y no cabe generar incertidumbres al respecto. En todo caso, el decreto sí prevé operaciones a corto plazo para cubrir situaciones transitorias de financiación.

-Usted pidió flexibilidad. ¿Podría concretar qué sería lo ideal y si le parece justo que este recorte se aplique por igual a todos los ayuntamientos?

-Partiendo de que creo necesaria la contribución de los ayuntamientos en la reducción del endeudamiento de las administraciones españolas para hacer frente a una contexto que está obligando a notables ajustes en todas las economías, lo acertado sería que el esfuerzo exigido fuera proporcional y equitativo. Como bien decía la alcaldesa de Gijón, no parece que el café para todos sea la solución más justa, especialmente porque a quien en verdad se penaliza es a los vecinos y a los tejidos económicos de los municipios bien gestionados, a los que se priva de las inversiones que pudieran acometer pese a tener sus cuentas saneadas.