Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

Como un circuito de fichas de dominó. Así se han ido cayendo todas las previsiones iniciales del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero sobre los ayuntamientos. La siguiente ficha en caer apunta hacia el nuevo modelo de financiación local, que, tras muchos retrasos y aplazamientos, Manuel Chaves, vicepresidente de Política Territorial, prometió que comenzaría a funcionar en 2011.

Pero el nuevo escenario que se plantea tras la aprobación del decreto aprobado ayer por un voto en el Congreso de los Diputados para luchar contra el déficit de las administraciones públicas, y que prohibirá a los municipios pedir créditos a lo largo de 2011, puede obligar a romper la promesa. Mientras, desde la Federación Asturiana de Concejos (FACC) se comienza a asumir que negociar un nuevo modelo del reparto del dinero público puede resultar negativo para los propios concejos y asume que parece «improbable» que se cumplan los plazos dados por el Gobierno central.

El Grupo Socialista en el Congreso ya abogó esta semana por aplazar los dos proyectos de ley básicos para conseguir dar respuesta a una reclamación histórica de los ayuntamientos. Así, y a pesar de que en abril el Congreso acordó por unanimidad presentar los anteproyectos de la ley de Gobierno Local y de la ley de Haciendas Locales antes del 30 de junio y de esta manera poner en marcha la nueva financiación en 2011, los socialistas plantean ahora aplazar la cuestión hasta que «las circunstancias económicas lo permitan».

En principio, y pesar de que los alcaldes asturianos llevan tiempo advirtiendo que «es urgente» contar con un nuevo sistema de financiación, la posición comienza a variar a la vista de que la caja del Estado ha dado estos días sus últimos síntomas de agotamiento. De esta forma, ayer, Juan Fernández Pereiro aseguraba que «como presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), mi referencia no puede ser otra que la moción aprobada por nuestra última asamblea general, donde nos adherimos al acuerdo unánime alcanzado en abril por el Congreso y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre financiación local». Pero como alcalde socialista de Valdés, Pereiro puntualizó que el aplazamiento del nuevo sistema de financiación «quizá sea en estos momentos la medida más sensata, por dolorosa que resulte, a la vista del importantísimo cambio de escenario económico y en la seguridad de que llegarán tiempos más propicios que los actuales para acometerla».

Pereiro asume que en 2011 tampoco habrá financiación, pero «más que decepción por la improbable reforma en el momento actual», para el presidente de la FACC «la contrariedad viene por la gran oportunidad perdida durante los últimos años para acometerla consensuadamente o por la malograda reforma de nuestro Estatuto de Autonomía reconociendo a los ayuntamientos su participación en los ingresos del Principado, medida que estaba pactada y que tiene que ser uno de los pilares de ese nuevo modelo al que no renunciamos cuando las circunstancias lo hagan viable».

Y así, el debate sobre la financiación local se retrasará de nuevo. Una de las principales preocupaciones de los ayuntamientos se centra en cómo afrontar los llamados «gastos impropios», los que han asumido al hacerse cargo de competencias de otra administración sin dotación presupuestaria suficiente. Éstos ya suponen el 30% de sus presupuestos. Los ayuntamientos españoles calculan que estos gastos impropios alcanzan los 7.000 millones de euros. En Asturias el Ayuntamiento de Oviedo asegura que tiene que asumir hasta 70 millones de euros en pagar servicios que no le corresponden; Gijón, unos 69 millones, y en los consistorios de las Cuencas, unos 30.