29 de mayo de 2010
29.05.2010
 

La FSA ve «razonable» la decisión de Cataluña de subir el impuesto autonómico a los ricos

l El Principado asegura que «no hay ninguna medida concreta», aunque no descarta aplicarla en el futuro
l IU presiona a sus socios de gobierno para que paguen más quienes ingresan más de 6.000 euros al mes

29.05.2010 | 02:00

Oviedo / Gijón,

J. A. ARDURA

J. L. ARGÜELLES

La Federación Socialista Asturiana (FSA) y los socialistas del Gobierno del Principado no se ponen de acuerdo sobre la necesidad de subir el tramo autonómico de los impuestos a las rentas más altas, como va a hacer el Gobierno socialista de Montilla en Cataluña para que los ricos también paguen el ajuste económico. El secretario general de la FSA, Javier Fernández, calificó ayer en Gijón de «razonables» las medidas catalanas, aunque evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que el Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces haga un planteamiento similar en Asturias. El consejero de Economía, Jaime Rabanal, por contra, asegura que en estos momentos el Gobierno no maneja «ninguna medida» para subir el tramo autonómico a los más pudientes, tal y como están reclamando sus socios de gobierno de Izquierda Unida.


Rabanal indica que la prioridad del Gobierno asturiano se centra ahora en concretar los detalles del ajuste presupuestario, forzado por la Unión Europea. La Consejería de Economía y la de Administraciones Públicas concentran sus esfuerzos estos días en las principales vertientes del ajuste: detallar los recortes que sufrirán todas las consejerías y el sector público y aclarar cómo se hará la bajada de salarios a los más de 35.700 empleados públicos.


La decisión de Cataluña de subir los impuestos a las rentas superiores a los 100.000 euros anuales obligó ayer al consejero asturiano de Economía a valorar esa iniciativa, sobre todo después de que IU le emplazase a seguir el ejemplo de la Generalitat y también del Gobierno balear, ambos de mayoría socialista. En la tarde de ayer, Jaime Rabanal daba largas a las intenciones de sus socios de gobierno, que reclaman una subida de impuestos para quien ingresa más de 6.000 euros al mes. «Ahora no hay ninguna medida concreta prevista», aseguró el Consejero. De todas formas, en estos tiempos de vertiginosos cambios de postura y matizaciones, Jaime Rabanal, ayer mismo por la mañana, había dejado entrever que el Ejecutivo asturiano estaba abierto a «todas las posibilidades», incluida una posible subida de impuestos a las rentas más altas, una posición que luego su departamento precisó pocas horas después, al plantear que ahora no se prevé una medida de esas características, lo que no quiere decir que en el futuro se pueda aprobar esa subida impositiva.


Por su parte, Javier Fernández declinó entrar a detallar qué medida debería tomarse en estos momentos. «No voy adelantar nada, no estoy en condiciones; hay que analizarlo y hablarlo», manifestó ayer en Gijón. Pese a considerar razonable la política que sigue Montilla en Cataluña, el secretario general de la FSA indicó que hay más posibilidades de intervención sobre los ingresos y las rentas más altas, no sólo la de gravar algunos tramos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). «Si las personas a las que ahora hay que reducir el salario, como los empleados públicos, o a las que se les congelará, como a los pensionistas, no han tenido ninguna responsabilidad en lo que está ocurriendo, pues habría que equilibrar por los ingresos, donde en algunos casos hay responsabilidad, caso de determinadas entidades financieras o promotores inmobiliarios».


Pero hay otros frentes en este gran «tijeretazo» a las cuentas públicas. Uno de los más polémicos es la bajada de sueldo a los empleados públicos. Rabanal avanzó que el recorte de salarios a los funcionarios del Principado se realizará atendiendo a criterios de equidad, de tal forma que «las retribuciones más altas tendrán que soportar un ajuste mayor que las más bajas». El Gobierno prevé tener listo el ajuste que afecta a los funcionarios para la próxima semana, cuando también confirmará la reducción del 15 por ciento de los salarios para todos los miembros del Ejecutivo, siguiendo de esta forma la pauta marcada por el Gobierno central.


El Consejero eludió entrar en polémica con sus socios de gobierno por el ajuste y se limitó a manifestar que se está discutiendo «en el seno del Gobierno» una interpretación sobre la que, en cambio, discrepó IU, que no vaciló en mandar un aviso al consejero de Economía: «Llevamos esperando semanas por el documento del ajuste y la paciencia empieza a agotarse».

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