Oviedo, J. A. ARDURA

El pacto de gobierno entre el PSOE e IU no servirá para que la coalición vote a favor de la reducción del sueldo de los empleados públicos en el caso de que el «tijeretazo» del Gobierno central llegue al Parlamento asturiano. La coalición confirmó que mantendrá en la Junta General del Principado la misma posición contraria que defendió ayer en el Congreso de los Diputados. La negativa de IU, sumada a la del PP, plantea dificultades al recorte de los complementos específicos, que suponen casi la mitad del sueldo de los empleados de la Administración regional. Mientras tanto, la parte socialista del Gobierno busca fórmulas para aplicar un ajuste que pone de manifiesto, de nuevo, las diferencias entre los dos socios de gobierno.

IU de Asturias aseguró ayer que si el ajuste llega a la Junta General votará en contra «por pura coherencia con la posición mantenida en el Congreso». El presidente de los populares asturianos, Ovidio Sánchez, también confirmó que el PP mantendrá su rechazo en el Parlamento regional al recorte de los complementos específicos que afectan a los funcionarios, «de los que muchos son mileuristas».

La aprobación ayer del real decreto ley de medidas de ajuste del gasto público, que el PSOE salvó por un solo voto en el Congreso de los Diputados, obliga a rebajar las retribuciones básicas de los empleados, que son el salario base y los trienios, y a reducir la masa salarial de las administraciones en un 5 por ciento. No obstante, «cada comunidad tiene cierto margen para decidir en qué medida toca sus complementos», reconoció ayer un portavoz del Ministerio de Economía a LA NUEVA ESPAÑA. Y en ese cometido se encuentra ahora precisamente el Gobierno asturiano, que estudia los mecanismos para aplicar una rebaja salarial que podría suponer un ahorro de unos 50 millones anuales en la factura de personal. Fuentes del Gobierno regional ya avanzaron días atrás que el recorte no afectaría al pago de la carrera profesional, pero la complejidad de encajar el decreto-ley del Gobierno central en el organigrama de la plantilla del Principado supone, según fuentes de la Administración, «un encaje de bolillos» sobre el que aún hay muchas dudas. Ni siquiera en IU y en el PP asturianos se tenía del todo claro en la jornada de ayer que la aprobación del ajuste deba contar con el visto bueno preceptivo del Parlamento asturiano, aunque sea en lo concerniente a los complementos específicos fijados a través de la ley de los Presupuestos Regionales de 2010. No obstante, fuentes de la Administración sostenían que el recorte, acordado mediante un decreto-ley del Gobierno central, conllevará una modificación de esa ley, una cuestión que, en principio, debería ser objeto de debate en la Cámara regional.

El Ejecutivo asturiano pretende tener cerrada la próxima semana una propuesta que, a juicio de diversas fuentes sindicales, debería presentar ante la Mesa General de la Función Pública que en Asturias está integrada por los sindicatos UGT, CC OO y CEMSATSE. Juan Gavira, del sindicato CSIF, confirmó ayer a este periódico que el decreto-ley aprobado por el Gobierno central presenta importantes lagunas jurídicas y avanzó que su sindicato recurrirá ante los tribunales el recorte salarial que afecta al personal laboral «porque entendemos que se han violado los acuerdos alcanzados mediante convenios colectivos». Gavira también destacó las dudas que otras autonomías tienen a la hora de aplicar al decreto-ley recién aprobado por el Gobierno: «Algunos gobiernos autonómicos como el de Castilla y León y el País Vasco ya han manifestado sus reparos a la propuesta del Gobierno central y no descarto que Cataluña también siga un camino similar».