Oviedo
El supuesto «error» del Gobierno en el «Boletín Oficial del Estado» según el cual la entrada en vigor de la prohibición sobre el endeudamiento de los municipios se pospone a 2011, y no será inmediato, tal y como se había publicado el día anterior, podría anular esta medida por no corregirse con una resolución del mismo rango, es decir, un decreto-ley.
Aunque la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró que se trata de una errata sin importancia, el abogado Miguel Temboury interpuso el miércoles un recurso ante el Juzgado central de lo contencioso administrativo para solicitar la nulidad de la resolución publicada en el BOE, por la que, mediante una corrección de errores, el Gobierno renunció a la supresión de la financiación bancaria de los consistorios, que había sido dictada el día anterior en el BOE.
Según Temboury, abogado del Estado en excedencia, la resolución debe declararse nula porque «siempre que los errores y omisiones puedan suponer una real o aparente modificación del contenido o del sentido de la norma, se salvará mediante disposición del mismo rango». Es decir, que el Gobierno debería haber aprobado un segundo decreto-ley para anular el primero, porque la modificación posterior del Gobierno cambia totalmente el sentido de la primera, según Temboury. «No sé a dónde vamos a llegar si una ley se enmienda por la vía de corrección de erratas», explicó el abogado, que no cuenta con el apoyo del PP en esta iniciativa.
