Oviedo, Pablo GONZÁLEZ
Los tres altos cargos del Gobierno socialista de Vicente Álvarez Areces, otro ex alto cargo y los dos arquitectos a los que el Principado, a través de la empresa pública Vipasa, les adjudicó, supuestamente de manera irregular, el proyecto de los minipisos de la Universidad Laboral, se enfrentan a penas máximas de nueve años de cárcel por falsificación de documentos mercantiles y un delito societario, según consta en el auto judicial.
El Principado ha anunciado que recurrirá la decisión de iniciar un juicio oral contra sus representantes al estimar que el auto judicial «es erróneo y no ajustado a derecho». El magistrado encargado del caso considera que hay base para iniciar la causa al entender que la contratación de los arquitectos no se hizo sin concurrencia pública, que se pagó más dinero del previsto en la adjudicación (unos 60.0000 euros), que un año después de la contratación se diseñó «un expediente ficticio» y que los testimonios de los imputados son «contradictorios». Por su parte, el PP, responsable de la denuncia, solicitó ayer la destitución o el cese, al menos temporal, de los altos cargos imputados por el Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo que aún siguen en el Principado, que son Enrique Álvarez (gerente de la ZALIA), Guillermo Morales (director general de Urbanismo de la Consejería de Infraestructuras) y Javier Uría (director general de Patrimonio de la Consejería de Hacienda). Además, el PP, a través del diputado regional José Agustín Cuervas-Mons, anunció que pedirá la comparecencia de Francisco González Buendía en la Junta, ya que Vipasa -ahora en manos de IU- dependía en el momento de los hechos de la Consejería de Infraestructuras, de la que Buendía es responsable.
Cuervas-Mons aseguró que los tres altos cargos «son el núcleo de la Consejería de Infraestructuras». «Por mucho menos de esto el PSOE en otros lugares pide el haraquiri». Así que ahora, que predique con el ejemplo», apuntó. Además, Cuervas-Mons afirmó que los arquitectos contratados tienen relación «con personas que han trabajado muy cerca de Buendía. No nos creemos que no estuviera al tanto de la adjudicación». También está imputada María José Hevia, gerente de Vipasa en el tiempo en que se produjeron las supuestas irregularidades, que ayer evitó hacer valoraciones sobre la cuestión a este periódico, remitiéndose a sus abogados.
Al mismo tiempo, los tres altos cargos, Álvarez, Morales y Uría, ofrecieron ayer su versión de lo sucedido a través de una nota de prensa. Curiosamente, ayer, minutos antes de la una de la tarde, el Principado anunció una rueda de prensa conjunta de los tres altos cargos para las 17 horas. La comparecencia fue cancelada menos de veinte minutos antes de su celebración, según el Principado, «por problemas de agenda».
En la nota los tres altos cargos, que formaban parte del consejo de administración de Vipasa, aseguraron respetar la investigación judicial, pero «discrepan» del contenido del auto «por entender que, en todo caso, nuestra conducta ha sido siempre plenamente ajustada a derecho». Además, resaltan que el auto ni «es firme» ni «prejuzga la existencia de delito alguno ni supone la imposición de ningún tipo de condena». Y concluyen mostrando su convencimiento de que se demostrará «la plena legalidad de cuantas actuaciones se realizaron por nuestra parte como consejeros de Vipasa».
