El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado hoy el anteproyecto de ley que establece un incremento generalizado de impuestos y una reducción salarial de entre el 1,95 y el 7,31 por ciento para los funcionarios autonómicos y del 5 por ciento para su personal laboral.
Con estas medidas el Gobierno pretende conseguir inyectar o ahorrar a las arcas del Principado en lo que queda de año unos 50 millones de euros, una cuarta parte del ajuste de 210 millones de euros exigido por el Estado al Principado.
Para cumplir con el ajuste, el Ejecutivo también ha anunciado hoy que se reducirán 28 millones más en materia de personal, sin especificar de qué manera, que se recortará el gasto corriente, se utilizarán remanentes de otros ejercicios presupuestarios y se reprogramarán inversiones.
El consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal, ha sido el encargado de trasladar el detalle de las medidas aprobadas hoy por el ala socialista del Consejo de Gobierno, en una rueda de prensa posterior a su celebración, en la que estuvo acompañado por la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya.
Ésta última, que ha evitado aclarar si los dos consejeros de IU, Noemí Martín y Aurelio Martín, votaron en contra de estas medidas, sí que se ha mostrado confiada en que se produzca finalmente un acuerdo con la coalición para que este proyecto pueda ser aprobado por el Parlamento asturiano en las próximas semanas.
La subida del tramo autonómico del IRPF se fija en dos puntos para rentas anuales de más de 100.000 euros, hasta el 45%, y de tres, hasta el 46%, para las de más de 175.000, mientras que el impuesto de Sucesiones se sube un punto en las herencias de más de 400.000 euros y dos puntos para las que superen los 800.000.
El impuesto de Transmisiones Patrimoniales se eleva al 8 por ciento, mientras que el canon de saneamiento se incrementa un 10 por ciento y el que se aplica a los vehículos sube del 14,5 al 16 por ciento para todoterrenos y los coches más contaminantes.
Según Rabanal, el impacto de estas medidas supondrá una recaudación de unos 10 millones de euros para lo que resta de año y de unos 40 millones para el próximo ejercicio.
Así, los cambios en el IRPF, que afectarán a 6.700 contribuyentes, darán unos 17,7 millones de euros más de ingresos en 2011, mientras que el de Patrimonio recaudará 18 millones más y afectará a unas 50.000 operaciones jurídicas.
Con los cambios en el de Sucesiones se prevé recaudar 1,4 millones más entre 190 contribuyentes, con el canon de saneamiento 2,7 millones y con la fiscalidad en los vehículos contaminantes, 300.000 euros de 1.200 contribuyentes.
"El aumento de la recaudación se empezará a notar a partir del 1 de enero de 2011", ha precisado el consejero, que ha calificado de "insostenible" la situación actual y que ha advertido que si son capaces de reequilibrar el presupuesto "seguramente se podrán mantener los niveles de inversión, aunque haya que hacer reprogramaciones".
En cuanto a la reducción salarial a la que debe hacer frente la administración, que en conjunto debe ser del 5 por ciento, según decreto estatal de obligado cumplimiento, el Gobierno ha establecido una serie de baremos que van desde descuentos del 1,95 por ciento para los funcionarios del escalafón básico o nivel E, hasta el 7,3 por ciento de los niveles más altos.
Por encima de ese recorte sólo se verán afectados los sueldos de los altos cargos, contratos de alta dirección y miembros del Ejecutivo asturiano, que verán mermados sus ingresos entre un 8 y un 9 por ciento, mientras que los que cobren al mes menos de 949 euros no verán alteradas sus nóminas.
Migoya ha explicado que al personal laboral de la administración se les aplicará una reducción del 5 por ciento en todos los casos, al haber rechazado los sindicatos en la Mesa de la Función Pública que se aplicasen los mismos criterios que para los funcionarios.
La reducción salarial, que permitirá ahorrar este año unos 40 años, difícilmente se podrá aplicar en la nómina este mes, por lo que se ha dispuesto que la rebaja que debería aplicarse en junio se deduzca de las nóminas siguientes hasta fin de año.
Este proyecto también establece una reducción del 5 por ciento a la Universidad para el pago de salarios, en la misma cantidad para la enseñanza concertada y del 3,2 por ciento para la asistencia sanitaria, así como ajustes de transferencias y subvenciones de carácter nominativo al sector público.
Migoya, que ha destacado que el escenario final es "equitativo y justo", ha anunciado que este anteproyecto se presentará mañana en el Parlamento por el trámite de urgencia y ha mostrado su confianza en que finalmente pueda salir adelante. EFE
