El hospital de Arriondas, símbolo de la gran riada que anegó a Asturias el miércoles, se levanta sobre terrenos considerados inundables en la cartografía del Ministerio de Medio Ambiente. No sólo eso. Un estudio del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) de la Universidad de Oviedo, manejado por destacados expertos urbanistas asturianos, califica el índice de riesgo en la zona como de grado tres. El máximo es cuatro. Pese a que esos informes no estaban realizados cuando se inauguró el hospital, hace ahora doce años, los especialistas consideran que nunca se debería haber autorizado un centro sanitario en la vega del Piloña, con un evidente riesgo de inundaciones. Y así se advirtió, sin éxito, antes de la apertura.

Todos los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA coinciden en que el hospital debería haberse construido en otro lugar, apartado de los cauces fluviales que confluyen en la capital parraguesa: el Sella y el Piloña. Es más, a su juicio, y pese al escaso tiempo transcurrido desde su puesta de largo, la ubicación del centro sanitario ya no pasaría hoy los filtros legales ni de la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN). «A nadie le entra en la cabeza que un hospital se construya en plena vega de inundación de un río como el Piloña», subraya uno de los expertos y perfecto conocedor de la zona.

El Hospital Grande Covián comenzó a funcionar el 2 de junio de 1997 y fue inaugurado oficialmente el 8 de junio de 2008. En la fase de gestación del proyecto ya se produjo un intenso debate sobre la conveniencia de la ubicación en el barrio de Castañera, en plena ribera del Piloña. Entonces hubo voces que alertaban del peligro que suponía el emplazamiento elegido ante una crecida del cauce fluvial. Sin embargo, y pese a esas advertencias, la propuesta oficial logró los permisos necesarios.

Desde la entrada en servicio de las instalaciones ya se habían producido algunas pequeñas inundaciones en su entorno, aunque ninguna admite comparación con lo que se vivió el miércoles, cuando un espectacular desbordamiento del río obligó a evacuar en lancha a los sesenta enfermos ingresados.

La histórica emergencia vivida esta semana en la región no sólo pone en entredicho el emplazamiento del hospital de Arriondas, sino, también, la gestión de los embalses por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la ejecución de obras en las inmediaciones de los cauces. Hasta doce localidades habían denunciado irregularidades en proyectos de infraestructuras que ahora han resultado clave para agravar los problemas de las riadas. Sobre los desembalses, las críticas vecinales arrecian y se extienden a lo largo de numerosas localidades de la ribera del Nalón. La Asociación de Vecinos de Trubia, una de las localidades más afectadas por las graves inundaciones, reclama a la Confederación que le envíe un detallado estudio sobre las sueltas de agua que se llevaron a cabo en el embalse de Valdemurio, en Quirós. Y es que, según el presidente del colectivo, Roberto Velasco, «tenemos serias sospechas de que el desembalsamiento no fuera adecuado y haya agravado inundaciones del miércoles». Es más, Velasco avanza que, llegado el caso, «se pedirán responsabilidades a la Confederación en los tribunales» por los daños registrados en esta localidad ovetense.

En Quirós, varios vecinos de Caranga, localidad en la fue preciso evacuar a varias personas por las inundaciones, también apuntan directamente sobre el organismo que preside Jorge Marquínez y contra HC, responsable de la central eléctrica de Proaza. En concreto, aseguran que «se procedió al desembalse para limpiar la gran cantidad de basura acumulada en la presa, algo que contribuyó a la situación de emergencia que padecimos». Estas denuncias se suman a las ya recogidas en Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Soto de Ribera, Grado, Candamo y Pravia, entre otros puntos. Los vecinos no entienden como la Confederación Hidrográfica esperó hasta última ahora para aumentar la suelta de agua.