Oviedo, J. A. ARDURA
El Principado acaba de recibir un nuevo revés judicial en el área de Función Pública. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado un fallo de primera instancia que anuló un concurso de 350 jefaturas de negociado. Esta decisión judicial deja en el aire otros dos concursos, que se resolvieron con las mismas bases y que afecta a otras 480 plazas, según confirmó el sindicato USIPA, que también tiene recurridas esas convocatorias. La Administración regional, que ha sido condenada al pago de las costas de este proceso, estudia recurrir ante el Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada en noviembre pasado por el Juzgado de lo contencioso-administrativo 5 de Oviedo, que tumbó un concurso del Principado porque se daba la misma puntuación a un funcionario con un año de experiencia que a otro con una trayectoria profesional más prolongada. El sindicato USIPA recurrió ese concurso porque entendía que esa baremación vulneraba los principios de mérito y capacidad. En primera instancia, el juez José Ramos Chaves resolvió que «no se ajusta al principio de proporcionalidad ni equidad el valorar a efectos de adjudicación de destinos como funcionarios la experiencia adquirida en un año de igual modo que la experiencia adquirida en treinta años de servicios».
Ahora la Sala de lo Contencioso del TSJA, que preside el magistrado Jesús María Chamorro, desestima el recurso del Principado «por los mismos extensos y acertados razonamientos de la sentencia apelada (...) de igualar el límite de la experiencia adquirida a un año». El Tribunal Superior, además de anular el citado concurso, condenó al Principado a la «expresa imposición de las costas de esta segunda instancia».
Pese a la contundencia de esta sentencia, la Consejería de Administraciones Públicas estudia presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que podría demorar el desenlace de este pleito. Casualmente el coordinador del sindicato USIPA, José Luis González, que promovió este procedimiento judicial contra el Principado, es uno de los 350 funcionarios que ganó la jefatura de negociado en ese concurso y que podría perder ese destino cuando se ejecute la sentencia. Pese a esa situación, González aseguró que su sindicato confía en que el Principado convoque de nuevo el concurso cuanto antes. El dirigente sindical cargó contra los responsables de Administraciones Públicas. «Creían que podían saltarse la ley a la torera y les han tumbado el mismo concurso por segunda vez en dos años. La consejera, Ana Rosa Migoya, debería presentar su dimisión ya por una cuestión de dignidad», afirmó González.
