Oviedo, J. A. ARDURA
El grupo parlamentario de Izquierda Unida no está dispuesto a aceptar el despido de las tres educadores afectadas por la anulación de una oposición que tuvo su origen en un defecto de forma del Instituto Adolfo Posada. La diputada Diana Camafeita instó ayer a la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, a que busque una solución en cumplimiento de una moción aprobada por unanimidad en la Junta General del Principado en la primavera de 2009.
La Consejería que dirige Migoya comunicó el cese a las tres educadoras afectadas por la anulación de una oposición el pasado lunes y el despido se hizo efectivo en la jornada de ayer. Diana Camafeita afirmó ayer que esa decisión sitúa a Migoya «al margen de la unanimidad política» acordada por el Parlamento asturiano en una votación celebrada el 23 de junio del pasado año, cuando se aprobó que se buscaría una solución dentro del marco legal para garantizar el puesto de trabajo a los afectados por fallos de la propia Administración en el desarrollo de los procesos selectivos. Aquella moción pretendía dar cierto amparo político a los 112 operarios afectados por la impugnación de su oposición así como a varios empleados públicos más, pendientes de procesos similares, entre los que se encontraba estas educadoras. Aunque en otros procesos selectivos los fallos, que dieron lugar a la impugnación, estribaron en las preguntas y respuestas de la oposición, en el caso de las educadoras el error del Instituto Adolfo Posada fue la composición del tribunal valorador. Y es que el tribunal nombrado por el Adolfo Posada no estaba presidido ni integrado en su totalidad por funcionarios del Principado sino por personal de la Universidad, por profesores de instituto o por personal sin la titulación adecuada. Las educadoras ahora despedidas llevaban tres años trabajando en un puesto fijo, según confirmó el sindicato Comisiones Obreras, que está dispuesto a correr con la asesoría jurídica de las afectadas.
«Creemos que hay margen para encontrar una solución y, como ya dijimos hace un año en el Parlamento regional, no puede ser que el error de la Administración lo paguen tres trabajadoras que superaron un proceso selectivo», manifestó la diputada regional de IU Diana Camafeita, quien tiene previsto reunirse en las próximas horas tanto con las afectadas como con representantes sindicales del ámbito de función pública para tratar de buscar una salida al caso.
