La instrucción a cargo del fiscal, «un retroceso», según la asociación mayoritaria

Otra de las reformas que está preparando el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), está causando gran malestar entre los jueces, 1.500 de los cuales han firmado un manifiesto contra la pretensión de depositar en manos de los fiscales las labores de instrucción de los asuntos. De nada le ha servido al ministro señalar que el juez mantendrá el control de la investigación y que garantizará los derechos de los investigados. Los jueces, aunque reconocen la necesidad de modernizar la ley, que data de 1882, consideran que los cambios que afectan a los fiscales serán una merma de las garantías. Así lo estima Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, para quien la reforma es «difícilmente digerible» y supone un retroceso respecto a la situación actual.

«Nadie ha justificado qué tiene de malo que la instrucción siga corriendo a cargo de un juez, que suele tener bastante experiencia y que es una persona independiente, cosa que no ocurre con el fiscal, que está inserto en una estructura basada en el principio de dependencia jerárquica, en cuya cúspide está el fiscal general del Estado, nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno de turno», indicó el magistrado ovetense. A juicio de García, «que se dé a los fiscales la labor de instrucción no va a mejorar las garantías; en todo caso va a producirse una rebaja, a la vista de las experiencias de los últimos tiempos».

El ministro Caamaño ha justificado las nuevas atribuciones del fiscal indicando que lo mismo ocurre en los países del entorno y en Estados Unidos. «Lo que no se nos dice es cómo están configurados los jueces y los fiscales en esos países, qué atribuciones tiene el Gobierno respecto a ellos o lo que dicen sus constituciones sobre el papel que desempeñan», añadió García.

De entregarse a los fiscales la labor de instrucción, se tendrían que incrementar de forma notoria los medios para la fiscalía, según ha reiterado en diferentes ocasiones el fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero.