Oviedo, L. Á. VEGA
La descentralización del Consejo del poder Judicial que planea el Gobierno para aplacar a los catalanes tras la dura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña podría crear una justicia a dos velocidades, que pasaría a depender de la riqueza de cada autonomía, lo que perjudica claramente a regiones «pobres» como Asturias. Al menos es lo que piensan los magistrados consultados por este periódico, quienes afirman que una reforma en este sentido supondría una ataque a la independencia de los jueces.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha sido una de las entidades que más se han opuesto a crear órganos de gobierno de los jueces descentralizados. El portavoz de la asociación, el magistrado ovetense Antonio García, de la Sala de Civil Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, considera que la descentralización «tendría como primer efecto un crecimiento de la burocracia, al multiplicarse por 17 el esquema del Poder Judicial vigente».
Además, «al aproximarse el Poder Judicial a las terminales políticas autonómicas, pueden incrementares las posibilidades de control e influencia sobre la justicia». Como tercera posible consecuencia de la descentralización, Antonio Antonio García señala la fragmentación del Poder Judicial. «Si esa fragmentación no va acompañada de la posibilidad de que lo que decidan los consejos autonómicos sea sometido a un órgano central, se corre el severísimo riesgo de erosionar el principio de igualdad, que es esencial en lo judicial», aseguró.
Para García, hay un claro riesgo de que haya una justicia diferente en función del grado de riqueza de cada comunidad autónoma. «No puede ser que porque Asturias tenga menos potencial económico que otras regiones, como el País Vasco, Cataluña, Valencia o Madrid, termine contando con una justicia no igual a la de estas regiones. Sería intolerable, porque un ciudadano no puede ser tratado de peor manera, o contar con una tutela judicial menor por el hecho de vivir en una comunidad menos rica», explicó el portavoz de APM.
Antonio García añadió que el modelo descentralizado de Poder Judicial «no es lo que más se ajusta a la Constitución vigente», y sí responde al deseo de «los nacionalistas de ir dando los pasos poco a poco para tener un Poder Judicial propio».
Agustín Azparren, del Foro Judicial Independiente, antiguo vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo, opinó que «teniendo en cuenta la politización del Consejo General del Poder Judicial en los asuntos que se han ido produciendo, si se traslada ese modelo a todas las comunidades, el riesgo de influencia política será aún mayor, porque habrá una mayor cercanía entre ambos poderes».
Azparren añadió que, si los organismos descentralizados tienen competencia en materia disciplinaria, esa medida puede afectar a la independencia de los jueces». El magistrado criticó que «lo primero que se le haya ocurrido al Gobierno para contentar a los catalanes tras la sentencia del Estatuto sea en materia de justicia y afecte a la independencia de los jueces».
