Los sindicatos ven la reforma como «una cobertura para actos ilegales»

Oviedo, J. A. ARDURA

Los sindicatos no están dispuestos a pasar por el aro de la reforma de la ley de la Función Pública. Las centrales mayoritarias, UGT y CC OO, que forman parte de la Mesa General donde se discute el borrador de la nueva ley, coinciden en calificar de «abusivo» el uso que ha hecho el Gobierno regional de la libre designación en la Administración del Principado. Y otros sindicatos representativos en la función pública asturiana, como USIPA y CSIF, argumentan que el Gobierno regional «pretende cambiar la ley para dar cobertura jurídica en el futuro a sus actos ilegales».

La Mesa General entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios se reanuda hoy para debatir los tres artículos que el Principado quiere modificar en la ley de la Función Pública. En principio, las posturas de UGT y de Comisiones Obreras están muy distantes del nuevo texto propuesto por la Dirección General de la Función Pública.

l La posición de UGT: «Estamos en desacuerdo porque consideramos excesivos los puestos de libre designación que hay en la Administración del Principado», afirmó María Soledad García, secretaria sectorial de la administración autonómica en la Federación de Servicios Públicos. «Una cosa es que pueda haber libre designación en algunos puestos concretos, pero creemos que en el Principado hay demasiados», aseguró la representante sindical en la Mesa General, quien también se mostró crítica con la gran continuidad de trabajadores públicos que hay en comisión de servicios en la Administración autonómica. «Hay mucha gente que está muchos años en esa situación, quizá por la situación creada por tanto proceso judicial, pero se corre el riesgo de que se trate de puestos de libre designación encubiertos». En su opinión, conviene definir un reglamento sobre los concursos de traslado.

l La posición de CC OO: «El Principado ha abusado muchísimo de la libre designación, incluso en puestos que son de carácter técnico. Creemos que el Principado debería ajustarse escrupulosamente a lo que dicen las sentencias del TSJA sobre qué puestos deben cubrirse mediante libre designación, y ni uno más», afirmó José Antonio Fernández Morán, quien, de todas formas, afirmó que «la negociación sobre este asunto no está cerrada».

l La posición de USIPA: «El contenido de esta reforma es vergonzoso. El Principado pretende burlarse de la justicia. Este Gobierno quiere convertir las situaciones excepcionales en lo habitual, haciendo una nueva ley «ad hoc» a su antojo. No es de recibo. Desde luego, si esta ley sale adelante quedará demostrado que el sistema no funciona porque se nos obliga a recurrir constantemente y a judicializar el funcionamiento de la función pública. O la justicia empieza a dictar sentencias contra estos abusos de poder de los políticos de turno o no hay nada que hacer, porque no se puede pleitear eternamente», manifestó José Luis González, responsable de USIPA, el sindicato con más afiliados en las consejerías del Principado.

l La posición de CSIF: «Esta reforma de la ley que plantea la Dirección General de Función Pública es una inmoralidad, una burla; pretenden seguir haciendo lo que les viene en gana. Rehacen una ley para cubrir su propia trampa. Y de paso, al establecer las normas para los concursos, el Gobierno aprovecha para blindar, en puestos de media dirección, a su gente, a la que lleva manteniendo en comisión de servicios desde hace años. Podrá ser legal, si sacan adelante esta ley, pero desde luego es inmoral y dará lugar a un funcionariado sumiso, dócil, sin independencia», afirmó Juan Gavira, del sindicato CSIF.

A pesar de que se rumoreó que el Gobierno regional pretendía incluir esta reforma legal en la ley de Presupuestos de 2011 o en la de Acompañamiento, fuentes sindicales rechazaron esa posibilidad y aseguraron que la tramitación de este texto legal será el ordinario, con debate previo en la Junta General.