Oviedo / Avilés,
J. A. A. / F. L. J.
El Principado ha aplazado este mes el pago de una parte de las nóminas de los funcionarios de justicia. La Administración regional ha dejado sin abonar este mes conceptos variables del salario como, por ejemplo, las guardias y las sustituciones, según aseguraron a este periódico varios afectados. Fuentes sindicales atribuyeron ese retraso a la falta de dinero en el Principado para afrontar esos pagos.
Los funcionarios de justicia, que desempeñan su cometido en los juzgados de toda la región, no han percibido en la última nómina las retribuciones variables correspondientes a guardias y sustituciones trabajadas en los meses de agosto, septiembre y octubre. «El Principado nos ha dicho que esos pagos se efectuarán en diciembre y que las guardias y sustituciones de los últimos dos meses del año se abonarán a partir del próximo mes de enero, ya en 2011», aseguró un portavoz del sindicato CSIF. En fuentes sindicales también se asegura que el retraso de esos pagos está motivado por la falta de dinero en las arcas regionales. Los funcionarios han trasladado su malestar por el retraso en el pago de servicios ya prestados que, como en el caso de las guardias, supusieron su disponibilidad durante gran parte de la jornada, incluso en juzgados alejados del centro de la región como Castropol. El recorte, en el caso de algunos funcionarios, ha llegado a afectar a cerca de la mitad de los emolumentos salariales.
El «tijeretazo» en la Administración de justicia ha llegado a afectar hasta al horario de calefacción de algunas dependencias. Por ejemplo, en los juzgados de Avilés los funcionarios han advertido de restricciones en el horario de la calefacción, que tan sólo ha permanecido encendida dos horas, de ocho a diez de la mañana. El ajuste también alcanza en los juzgados avilesinos al material de oficina. «No dan bolígrafos, pero no hay lápices porque son más caros», aseguró un funcionario. El material de oficina también escasea en otras consejerías del Principado, «donde han llegado a exigir que se rellene un impreso para pedir bolígrafos», aseguraron diversas fuentes sindicales. Y en los servicios donde es necesario el uso del automóvil también hay restricciones para la compra del combustible. «En algún caso, el funcionario de turno ha tenido que poner el dinero del combustible para el vehículo oficial de su propio bolsillo», afirmó otro dirigente sindical. El Gobierno regional cerró la contabilidad de 2010 en el mes de octubre, una medida que supone que todos los gastos deben ser supervisados en la Consejería de Economía.
