Oviedo / Agencias, M. J. I.
La fiscalía superior de Asturias solicitó ayer al aeropuerto de Asturias que informe «ampliamente» sobre la actitud mantenida por los controladores aéreos de la región en el marco de las diligencias incoadas por el conflicto que obligó a cerrar el espacio aéreo español durante el fin de semana.
El fiscal superior de la región, Gerardo Herrero, ha pedido datos sobre los controladores de servicio desde las cinco de la tarde del 3 de diciembre a la una y media del día siguiente, cuando entró en vigor el decreto de militarización del servicio. Herrero también quiere que se explique el motivo de la cancelación de 22 vuelos del día 3 en el aeródromo de Santiago del Monte y de 31 el día 4.
Ante el anuncio de AENA de abrir expedientes a dos controladores del aeropuerto asturiano, el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, explicó que dos de los tres asignados al aeropuerto pidieron el sábado atención médica al alegar incapacidad para trabajar. Tras ser atendidos, volvieron al puesto. Trevín matizó que la torre estuvo «plenamente operativa» tanto el pasado viernes como el sábado.
En el ámbito nacional, la Asociación de Fiscales (AF) acusó al Gobierno de «injerencia intolerable» en la fiscalía en relación al caso de los controladores y ha criticado que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, asistiera al Consejo de Ministros que declaró el estado de alarma. La asociación ha destacado que el Gobierno carece de facultades para determinar la norma aplicable en la jurisdicción penal y ha considerado que la «mera indicación» al ministerio público del derecho a aplicar «supone una injerencia intolerable contraria al principio de imparcialidad». La fiscalía de Vigo decretó ayer el archivo de las diligencias penales contra ocho controladores del aeropuerto de Peinador. La fiscalía de Baleares tampoco llamará a declarar a ninguno de los 71 miembros de la plantilla que, según AENA, abandonaron su puesto el viernes.
