Madrid, Agencias
La plataforma de afectados por el cierre del espacio aéreo va a proceder por dos vías jurídicas para reclamar, por un lado, una responsabilidad penal de los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo al inicio del puente de la Constitución y, por otro, solicitar una indemnización a AENA y el Ministerio de Fomento de 10.000 euros por afectado, en este caso por el lado administrativo.
Así, la plataforma desveló ayer la estrategia jurídica que seguirán los abogados del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, al que unos 5.000 afectados han encomendado la defensa de sus intereses. De este modo, desde el punto de vista penal, se personarán como acusación personal contra los controladores como presuntos responsables de los hechos ocurridos antes de que se militarizara el espacio aéreo y se declarara el estado de alarma en el país, puesto que después no tienen constancia de que se hayan producido hechos perseguibles.
La segunda vía que abrirá la defensa de los afectados por el caos aéreo será la presentación de una reclamación contra AENA, sin descartar, en caso de que sea necesario, actuar por la vía del contencioso-administrativo. No obstante, los letrados han recordado que AENA podrá reclamar a los controladores las indemnizaciones a las que deba hacer frente, aunque señalaron que no tienen interés en que «esto lo terminen pagando los Presupuestos del Estado».
Por su parte, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, admitió ayer que el Gobierno no ha decidido aún si prorrogará o no el estado de alarma decretado ante el caos generado por los controladores aéreos, pero ha asegurado que lo hará el martes o el miércoles de la próxima semana. «Tenemos de plazo hasta mediados de la semana que viene», señaló. En cualquier caso, Jáuregui explicó que el objetivo del Gobierno es dar «plena seguridad al espacio aéreo», por lo que la decisión que tome pretenderá garantizar un tráfico aéreo «con absoluta seguridad, hoy, mañana y pasado mañana» a todos los españoles.
