Oviedo,
Marta PÉREZ
Los funcionarios judiciales vaticinan un colapso inminente de la administración de justicia en Asturias ante la entrada en vigor, el próximo día 23, del nuevo Código Penal, que prevé la revisión sólo en Asturias de unas 4.000 ejecuciones de sentencia, según los cálculos que realizan los sindicatos. A este aluvión de trabajo se suma el recorte presupuestario de un 7,5 por ciento, que implica que no se cubrirán las bajas con interinos, así como el estreno del nuevo sistema informático «Minerva», que sigue dando problemas a los trabajadores. «A perro flaco todo son pulgas», sostiene un portavoz sindical.
La reforma penal trae consigo cambios en materia de delitos contra la seguridad vial, el tráfico de drogas y los delitos contra la propiedad industrial, que pueden traducirse en beneficios para las personas condenadas. En Asturias los fiscales ya están trabajando en la revisión de las sentencias, aunque fuentes de la fiscalía explicaron ayer a este periódico que aún es pronto para valorar el volumen de trabajo que supondrá. Sin entrar a profundizar en la conveniencia de la reforma -«eso corresponde a los juristas», explican los sindicatos-, lo que les preocupa a los funcionarios de justicia es la carga de trabajo extraordinaria que supondrá la revisión de tal volumen de sentencias ejecutorias con el personal limitado. «No quedará otra opción que revisar las sentencias que todavía estén ejecutándose o en trámite, en los casos en los que la nueva legislación resulte favorable para el condenado. Y los habrá, sobre todo en delitos contra la seguridad vial, como las alcoholemias, tráfico de drogas y propiedad intelectual», asegura el responsable del sector de justicia del sindicato CSIF, Luis Pérez. El sindicato ya ha remitido sendos escritos a la Dirección General de Justicia del Principado y al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) exigiendo la adopción de medidas urgentes para aliviar la situación: refuerzo de plantillas y un plan de actuación específico. «Mucho nos tememos que dirán lo de siempre, que no hay dinero», manifiesta Pérez.
En este contexto de protesta, el sindicato Comisiones Obreras iniciaba ayer una campaña de concienciación ciudadana sobre «el deterioro que está sufriendo el servicio público de la justicia de Asturias». El coordinador del sector de justicia del sindicato, Juanjo Azcano, aseguró ayer a la puerta de los Juzgados, mientras repartía octavillas a los ciudadanos, que el Gobierno del Principado, desde que asumió las transferencias, «está llevando a la justicia asturiana a su desmantelamiento».
El responsable de justicia en UGT, Juan Miranda, cree que si los cambios procesales «a los que nos tienen acostumbrados llegan en medio de un caos informático, el colapso está asegurado». Así, explica que los funcionarios están todavía tratando de adaptarse al nuevo programa «Minerva», cuya estructura no les convence y, para encima, funciona mal y se cuelga. «Estás tomando declaración a una persona, se cuelga y no vuelve el sistema hasta que pasan dos horas», añade. «Va a llegar un momento en que todo esto rompa y no estamos lejos, porque, encima, todo esto coincide con la decisión de no contratar a más personal interino», puntualiza.
Es más, según ha podido saber este periódico, el servicio de relaciones con la administración de justicia que se encarga del calendario laboral, los permisos, la cobertura de las bajas y los trámites previos para la implantación del nuevo modelo de la oficina judicial está vacante desde hace unas semanas. «Nos están negando permisos de días en Navidad porque no hay gente», asegura un funcionario. Fuentes sindicales consultadas explicaron que algún juez ya ha descolgado el teléfono para llamar al Principado con la siguiente frase: «Póngame usted aquí un interino o nos va a estallar un caso como el de Mari Luz Cortés». El asesino de la niña tenía pendiente cumplir una condena de dos años de cárcel por abuso sexual, pero no se había podido ejecutar la sentencia por una cadena de fallos judiciales.
