«Feliz prejubilación». La frase de Jesús Gutiérrez, secretario de organización del PSOE asturiano, resonó como el estruendo de una gruesa lápida con epitafio incluido, que caía para cerrar la trayectoria profesional y política de Víctor González Marroquín, que anunció el pasado 15 de diciembre que se iba, que abandonaba el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), para prejubilarse en Hunosa. Una decisión tomada por «propia voluntad» y alegando «motivos personales», sin agotar una legislatura a punto de concluir. Su intención de dimitir la comunicó a su superior, el consejero de Industria, Graciano Torre, a finales de noviembre, durante un viaje empresarial a Argelia. «A finales de año presento la dimisión para prejubilarme en Hunosa», espetó a Torre durante el periplo por el país magrebí. No hay marcha atrás.

La realidad es que la salida de Marroquín supone un alivio tanto para el Gobierno regional como para la FSA, que la han recibido con una pública indiferencia. Nadie le agradeció los favores prestados. En los últimos tiempos, se había convertido en un personaje incómodo. Las relaciones estaban muy deterioradas por sus continuas imposturas. Era en un alto cargo tan bien pagado como incontrolable. Y empezaba acumular en su carrera gestiones oscuras como la de Venturo XXI. Marroquín se va por puente de plata. Como los ejércitos que huyen, en su caso, a cinco meses de las elecciones autonómicas y entre las encendidas críticas de los trabajadores de Venturo XXI, la cartográfica de San Martín del Rey Aurelio en proceso de disolución, y del Partido Popular, que ataca con dureza su gestión.

Desde el pasado jueves, 30 de diciembre, el ex director del IDEPA es un prejubilado más de Hunosa. Su retiro se fraguó en tiempo récord. El lunes 27 firmó su salida del Principado. Al día siguiente se reincorporó a la empresa minera, de la que estaba en excedencia desde 2004, con un imperativo deseo: «Quiero prejubilarme antes de que acabe el año». Tres días después, firmaba los papeles. En las 72 horas que permaneció reincorporado a la hullera no realizó ninguna actividad, ni se le encargó trabajo alguno. Ni siquiera se le pidió que cumpliera la jornada laboral en el «pozo moqueta», como se conoce popularmente a la sede ovetense de la compañía hullera. Su salida fue fría. Pero el mal trago quedaba compensado con un retiro de oro.

Cuando desde la FSA se le deseaba una prejubilación feliz, eran conocedores de las magníficas condiciones que Víctor González Marroquín disfrutaría. Percibió una indemnización de entre 230.000 y 250.000 euros, y cada mes cobrará una sustanciosa pensión superior a los 3.000 euros mensuales, en doce pagas. Su caso no es excepcional. Durante el plan de empresa de Hunosa (2006-2010) una media de 400 trabajadores fueron prejubilados cada año. El único privilegio del que disfrutó Marroquín es el cobro de la indemnización, reservada exclusivamente para los titulados medios y superiores de la hullera pública. Su cuantía máxima es de unos 300.000 euros.

Para acceder a la prejubilación, los trabajadores de la empresa minera deben cumplir una serie de requisitos: haber cotizado un mínimo de ocho años al régimen especial de la minería y tres en Hunosa, tener contrato fijo, además de haber cumplido los 52 años. Marroquín reúne todas estas condiciones. La edad de retiro varía según el trabajo desarrollado. Los ingenieros, técnicos o administrativos, además de los mineros que realizan labores en el exterior de las explotaciones, acceden a la jubilación anticipada más tarde. Los mineros que trabajan en el interior de las explotaciones pueden prejubilarse, por lo general, a partir de los 42 años. Alguno incluso puede irse antes. Todo depende del denominado coeficiente reductor de la minería. Una fórmula que descuenta días para acceder a la prejubilación, en función de la penosidad de la labor realizada en Hunosa.

Los buenos salarios no son extraños en la cartera de este doctor en Ingeniería Superior de Minas. Como alto cargo del Principado, percibía una de las mejores retribuciones de la Administración regional. Muy por encima del mismísimo Presidente o de sus consejeros. Marroquín, casado con la portavoz del PSOE en Oviedo, Paloma Sainz, llegó a cobrar unos 107.000 euros al año, como acabó reconociendo en la Junta General del Principado, forzado por las presiones del PSOE. Unos emolumentos que vio menguados en los últimos meses, tras aplicársele un recorte del 15 por ciento por el plan anticrisis.

Fue precisamente su salario, sus reiteradas negativas a desvelar su cuantía en sede parlamentaria, el motivo de uno de los últimos y más sonoros enfrentamientos con sus jefes en el Gobierno regional y en el PSOE. Víctor González Marroquín se negó en la Junta General del Principado a comunicar cuánto ganaba con el inverosímil argumento de que su sueldo «era público, pero no publicable». Ésta fue una gota más en el vaso que iba colmando la paciencia de sus superiores, que ni entendían ni aceptaban que su salario, sujeto a los presupuestos públicos y, por tanto, al escrutinio de los asturianos, quedara como uno de los secretos mejor guardados de la región y, en consecuencia, presa de todo tipo de sospechas.

Pero éste no fue el único motivo que lo enfrentó a la FSA y al Ejecutivo autonómico. Su negativa a retirar una parte de las alegaciones con las que pretendía defenderse de un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre su gestión al frente del IDEPA provocó otro rifirrafe. Estos enfrentamientos le granjearon recelos, desconfianzas y hasta enemistades en el seno de la Administración asturiana, donde le tildan de «incontrolable» y «chulesco».

Víctor González Marroquín comenzó su carrera profesional como ingeniero superior de Minas en Hunosa, donde desempeñó diversas labores técnicas, antes de dar el salto al sector privado, donde trabajó en varias multinacionales. A principios de los años noventa, Marroquín se encontraba en Intergraph, una compañía de ingeniería líder mundial en el suministro de software especializado y maquinaria para empresas de varios sectores tecnológicos. Fruto de su labor en Intergraph entabló contacto con los que acabaron siendo los polémicos promotores de Venturo XXI, los hermanos empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado.

Con Luis Tejuca como presidente de Hunosa, nombrado por el PP, Marroquín volvió a la empresa minera para liderar la entonces recién creada Sociedad Asturiana de Diversificación Minera (Sadim), la filial especializada en atraer nuevas inversiones empresariales a las Cuencas con el fin de mitigar la destrucción de empleo en la minería. Desde Sadim, quiso impulsar un sector tecnológico. Al poco tiempo de acceder Juan Ramón García Secades a la presidencia de la compañía estatal minera, en el año 2004, el Gobierno regional llama a Víctor González Marroquín para poner en sus manos los destinados del IDEPA, el principal instrumento para crear, atraer empresas y repartir sustanciosas ayudas. Su nombramiento como director fue rubricado por Vicente Álvarez Areces y contó con el beneplácito de Javier Fernández, secretario general de la FSA y hoy candidato del PSOE, siempre muy pendiente de la política industrial de la región.

Cuando fue nombrado director del IDEPA, hubo quien se dirigió al poco tiempo a Javier Fernández para advertirle de que la elección de Marroquín no era la más acertada, «que el cargo le quedaba grande». «Podíais haberlo dicho primero», cuentan que respondió el líder del PSOE.

Al frente del IDEPA, González Marroquín ha permanecido hasta el 15 de diciembre, cuando anunció públicamente su intención de dimitir. En ese momento, a través de un extenso comunicado, defendió con ardor su gestión. Según su versión, «entre 2004 y 2010, el IDEPA aprobó 1.252 proyectos, que suman una inversión total de 3.126.538.388,43 euros y una inversión subvencionable de 2.423.517.365,44 euros. A estos proyectos se les han concedido subvenciones (LIR, Miner, Miniminer, PIE y PEI) por importe de 539.349.999,65 euros y han contribuido a crear 1.324 empleos».

En el mismo comunicado afirmaba: «He trabajado de forma decidida para mostrar la imagen diversificada de Asturias». La patronal empresarial asturiana, sin embargo, elude valorar su gestión en el IDEPA. Los empresarios asturianos despiden a Marroquín con indiferencia y silencio.

El ya prejubilado Marroquín achaca las duras críticas políticas que ha recibido en los últimos meses, en especial del PP, por su gestión en la fracasada Venturo XXI, a ser el marido de Paloma Sainz, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Oviedo y la cabeza visible de la oposición a Gabino de Lorenzo. Se siente utilizado para atacar a su mujer.

Pero la realidad es que la gestión de la cartográfica es uno de los capítulos más oscuros de su gestión. Desde el IDEPA ofreció a sus amigos los hermanos Coronado la oportunidad de sacar adelante un proyecto de gran empresa cartográfica y topográfica. Por aquel entonces los Coronado auguraban un futuro dorado a la compañía prometiendo cifras de empleo que, con el tiempo, se han demostrado completamente inalcanzables: 250 trabajadores. En su máximo apogeo la firma llegó a tener 124, de los cuales prácticamente siempre fueron 73 los que mantuvo a sueldo la empresa -el mínimo exigido para no devolver la ayuda de 1,2 millones de euros de fondos mineros que recibió, además del crédito «blando» de dos millones de Sodeco-, ya que el resto de las contrataciones venían sufragadas por distintas direcciones generales del Principado, incluida la de Formación, que durante un tiempo ocupó la esposa de Marroquín, Paloma Sainz.

El papel de González Marroquín en Venturo XXI no se limitó a ser el gurú que atrajo a los empresarios extremeños. Como presidente de la Sociedad Regional de Promoción (SRP) ocupaba un puesto en el consejo de administración de la empresa, de la que sociedad tiene el 21% del capital de la cartográfica. Desde este puesto, no vio ni atajó una gestión ahora criticada por los administradores concursales y que la llevaron a la quiebra.

En sus comparecencias en la Junta General del Principado, Marroquín ha pretendido dejar claro que la gestión fue «correcta». La compañía está ahora condenada a la desaparición, con cuantiosas deudas y 73 trabajadores en la calle.