La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado, Ana Rosa Migoya, ha manifestado este martes que la detención del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre es "un paso más en el procedimiento judicial abierto contra la funcionaria Marta Renedo tras la denuncia presentada por el propio gobierno en febrero de 2010".
La portavoz del Gobierno aseguró que "confían en la Justicia y en el Estado de Derecho" y añadió que en dicho Estado de Derecho los inocentes podrán demostrarlo y los culpables deberán pagar por ello. De este modo Migoya eludió valorar la posible implicación en el proceso de José Luis Iglesias Riopedre, aunque negó de manera rotunda que su marcha del Ejecutivo, el pasado verano, estuviese ligada a dicha investigación.
Migoya ofreció una rueda de prensa para hablar sobre las detenciones llevadas a cabo ayer por la Policía Judicial del ex consejero de Educación, la exdirectora de Planificación, Centros e Infrestructura del Gobierno del Principado; la funcionaria del Principado de Asturias, Marta Renedo y los empresarios Victor Manuel Muñiz Menéndez, de la empresa Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín. Los delitos que se están investigando son prevaricación; cohecho; malversación de caudales públicos; tráfico de influencias; negociaciones prohibidas a funcionarios; fraude y exacciones ilegales y blanqueo de capitales, según el TSJA.
"El Gobierno y la Administración de Justicia colaboran eficazmente cada uno en su papel para depurar las responsabilidades que puedan producirse", dijo Migoya, que insistió en que fue el Ejecutivo quien denunció el caso de irregularidades una vez detectado y se destituyó de manera fulminante a la funcionaria implicada y ahora detenida, Marta Renedo.
