La juez manda a prisión a Iglesias Riopedre y sospecha que la trama corrupta es más amplia

La juez gijonesa Ana López Pandiella, que instruye la investigación de una supuesta trama corrupta de políticos, funcionarios y empresarios que se habría beneficiado de contratos irregulares con al menos dos consejerías del Principado, ordenó ayer el ingreso en prisión del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, hombre de confianza de Vicente Álvarez Areces desde 1984, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios. La juez considera que Riopedre maniobró para favorecer a varias empresas con las contrataciones, influyendo sobre los funcionarios, pese a conocer la existencia de fraude, y que elevó los precios de los contratos para luego repartir el beneficio con las empresas. También sospecha que la trama corrupta es más amplia.

La Fiscalía explicó ayer que Riopedre, que ya pasó esta noche en la Unidad Terapéutica y Educativa de Villabona por motivos de seguridad, ingresa en prisión «provisional, comunicada y sin fianza» debido a la gravedad de los delitos que se le imputan y a «la existencia de riesgo de fuga y la posible ocultación de pruebas en el caso de haber quedado en libertad». Según la investigación, Riopedre, que fue sometido a un reconocimiento médico a su llegada a prisión, siempre fue consciente de que estaba cometiendo un delito y que no actuó bajo engaño o desconocimiento de lo que sucedía.

Pese a que el ex consejero permaneció más de dos horas en los juzgados, a los que llegó en un vehículo policial camuflado, sentado en el asiento de atrás, entre dos agentes de paisano, y tapándose las piernas con una manta de cuadros, su declaración no duró más de veinte minutos. Riopedre, que fue asistido por el abogado Sergio Herrero, sufrió un bajón de azúcar durante el interrogatorio. El colaborador de Areces también fue preguntado sobre su relación con el propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, y su relación con el dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz Menéndez, con el que solía comer asiduamente.

El ex consejero, que en su día, cuando formalizó la declaración de bienes como miembro del Gobierno regional, no incluyó datos sobre sus cuentas bancarias, salió de la sala judicial pasadas las cinco de la tarde, cabizbajo y con las manos esposadas. El PSOE lo expulsó ayer mismo del partido.

El resto de detenidos, la ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras y antigua número dos de Riopedre, María Jesús Otero; la alto cargo de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés; y los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, propietario de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín, podrían pasar hoy a declarar ante el juez. Algunos de estos arrestados están acusados también de malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales, lo que podría llevarles a prisión tras prestar declaración ante el juez.

La titular del Juzgado de instrucción número cuatro de Gijón prevé hacer pública próximamente una parte del sumario, la que afecta a los detenidos. El resto, que podría incluir escuchas telefónicas, seguirá bajo secreto al restar por acometer varias diligencias policiales y considerar, fuentes judiciales, que la actividad corrupta puede ser más amplia. La juez investiga también si el ex consejero intermedió, negoció o forzó a varias empresas que disfrutaron de contratos con Educación a llegar a acuerdos comerciales con Geogal, una firma que sería propiedad de su hijo E. I. G. y que incluso podría haber cobrado sin prestar los trabajos. Geogal, con oficinas en Santiago de Compostela y en la calle San Bernabé de Oviedo, se dedica a hacer estudios geotécnicos para obra civil.

El sumario incluiría también información sobre empresas vinculadas a las ya investigadas Igrafo y Almacenes Pumarín que se beneficiarían, también, de contrataciones irregulares. Ambas empresas contarían con sociedades paralelas que les permitían cubrir el requisito de presentar tres presupuestos para cubrir el expediente de adjudicación. La red habría logrado por esta vía «muchos, muchos millones», según la investigación. El alcance de la trama deberá ser determinado por la juez, que ayer ya interrogó a Riopedre sobre estas empresas.