Suministros con la lección bien aprendida

A. RUBIERA / J. A. ARDURA

M. A. GUTIÉRREZ / J. A. ORDÓÑEZ

Tanto Almacenes Pumarín como Igrafo, cuyos máximos responsables ahora están detenidos, son dos empresas sobradamente conocidas por la mayoría de responsables de los centros educativos del Principado y también por los funcionarios regionales. Estas compañías se encuentran homologadas por la Administración para suministrar todo tipo de material y mobiliario de oficina o equipamientos para la actividad funcionarial y docente. LA NUEVA ESPAÑA contactó ayer con más de una veintena de responsables de colegios e institutos de Asturias para que relatasen cómo se producía el suministro. Todos pidieron mantener el anonimato.

Un director de un centro de Enseñanza Secundaria de las Cuencas relata cómo se producía el proceso para recibir nuevo material. «La Consejería llamaba para ofrecer, por ejemplo, un paquete de ordenadores para el instituto por un precio determinado. Por un lado llegaba el dinero y, por el otro, los ordenadores; la dirección del centro no interviene en el procedimiento de compra, pero es la que debía certificar el pago», explica el docente, que añade: «¿Qué ibas a hacer?, ¿devolver los ordenadores y decir que no los necesitabas?». Este docente apunta que en la mayor parte de los casos el proveedor habitual de este tipo de envíos era Almacenes Pumarín, «desde hace bastantes años atrás».

Una docente de las Cuencas que tuvo responsabilidades directivas en un centro de la zona también apunta que Almacenes Pumarín era el proveedor habitual del material (fundamentalmente, mobiliario escolar) que mandaba la Consejería, «desde hace muchos años». «Se hacía un pedido con las cosas que se necesitaban. Unas veces se atendía la petición y otras no, pero lo que venía era casi siempre de Pumarín». En algunas ocasiones, además, se recibían por error elementos que el centro no había pedido. «En ese caso se almacenaban hasta que hicieran falta».

Un colegio asturiano fue sometido, hace pocos años, a una reforma integral que incluyó ampliación de espacios y lavado absoluto de cara. Llegado el momento de contratar el equipamiento, el director contactó con la Dirección General de Centros y su responsable, María Jesús Otero, fue clara: «Ya pasan por ahí los de Almacenes Pumarín», oyó.

Cuando el comercial de Almacenes Pumarín pasó por el centro, según este testimonio, desechó de un plumazo la reutilización de todos los muebles que al equipo directivo le habían parecido que estaban en buen estado y podían ser reutilizables, incluidas algunas partidas que habían sido recibidas en el centro hacía apenas unos meses. «Hablé con la Consejería y les dije que no me parecía normal que pusieran a la "zorra" a cuidar del gallinero. Era lógico que el de la casa de suministros nos quisiera vender lo más posible, pero me pareció demasiado», cuenta el responsable de la escuela. Le dijeron que no se preocupara. Al final, el colegio se montó «a estrenar» y unos cuantos camiones con material escolar asturiano pusieron rumbo a un país en vías de desarrollo.

Todos los consultados admiten que nada de lo vivido parece claramente un delito (puesto que las compañías suministradoras se encuentran legalmente homologadas), pero califican la situación de «incomprensible» cuando se habla de contratación pública. Pese a todo admiten que el servicio era en extremo diligente, puntual y con buenas formas.

Hace algún tiempo que muchos equipos directivos de colegios asturianos dejaron de cuestionar la dinámica de las compras y suministros de material y mobiliario que excedía de las competencias de cada centro. En la comarca gijonesa la empresa Almacenes Pumarín tenía un peso específico en esos suministros. Se lo ganó a base de muchos años de trabajo, que acabó por lanzar una empresa familiar que empezó como librería y almacén de barrio hasta convertirse en una gran empresa, con más de un centenar de empleados y empresas paralelas (CTC) de construcción, rehabilitación y obras menores que también recibían muchos encargos de la Consejería.

Un director cuyo centro en los últimos cursos no sufrió obras, reformas, ni ninguna circunstancia excepcional, se tomó ayer la molestia de computar la facturación hecha en los últimos 3-4 años a Almacenes Pumarín: 18.000 euros, de los cuales 15.000 fueron extraordinarios.

Otro director de un centro sierense confirma que, como norma general, en la programación anual del centro se informa a la Consejería de las necesidades en materia de mobiliario y enseres. La propuesta debe ser aprobada por Educación, que es la que decide dónde se realiza la compra. Según esta versión, es «frecuente» que Almacenes Pumarín sea la firma elegida. El gasto anual de mantenimiento del colegio anda por los 16.000 euros.

La sistemática adjudicación pese a los precios que, en ocasiones, distaban mucho de ser competitivos, es otra idea común que repiten en los centros. En un colegio, Almacenes Pumarín presupuestó en 60.000 euros la rehabilitación de unas piezas de decoración antiguas que, finalmente, llevó a cabo otra firma por la mitad de dinero.

«El mobiliario que yo pedía a la Consejería y que, al final, solía llegar al centro, se parecía tanto como un huevo a una castaña. No era nada infrecuente que si pedía 7 sillas, un armario y una estantería, igual acababas recibiendo dos mesas de comedor, seis sillas y ninguna estantería. Cuando lo hablabas con la Consejería, le restaban importancia, te decían que te quedases con ello o que negociases algún cambio con la empresa...», reflexionaba otro responsable educativo de un colegio del área central.

Una directora tuvo que dar la cara en su centro, ante la comunidad educativa, cuando se le facturaron por seis mesas de comedor para un centro de Infantil y Primaria, 6.000 euros. A la comunidad le pareció una barbaridad. «Lo peor es que yo defendí esa adjudicación; pensé que sería un diseño singular, sujeto a patentes... qué sé yo. Ahora pienso que pude haber hecho el primo, como todos los directores que llevamos años mirando por la última peseta. Esta historia nos hunde como colectivo, nos hace polvo».

Otro director de centro cuenta la enésima anécdota. «Tenía una impresora estropeada y, tras mucho pedir, en la misma semana me llegaron dos. Llamé a la Consejería para decir que alguien se había equivocado, que con una era suficiente, y me contestaron ¿y no quieres la segunda?».

El colectivo de directores de Gijón cuestionó, en su día, la inversión que les llegó impuesta para cambiar todos los equipos informáticos de los centros. Muchos quisieron hacer valer que tenían equipos muy nuevos e, incluso, recién instalados, que iban a la perfección. «No hubo nada que hacer. Los había que cambiar», sostienen.