30 de enero de 2011
30.01.2011
La «operación Marea» contra la corrupción

La juez investiga los movimientos bancarios de la número dos de Educación desde 1999

Los interrogatorios revelan que la juez sospecha de las adjudicaciones de Otero y Renedo a otras cuatro empresas y que cree que la red manejaba al menos cinco vías para ingresar el dinero

30.01.2011 | 01:00
La juez investiga los movimientos bancarios de la número dos de Educación desde 1999

Gijón / Oviedo,
R. GARCÍA / J. E. MENCÍA

La juez Ana López Pandiella, que instruye el sumario sobre un presunto entramado corrupto que ha llevado a la cárcel al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; a la que fue la número dos de éste en la Consejería, María Jesús Otero, y a una funcionaria de confianza de Ana Rosa Migoya en Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés; ha investigado los movimientos bancarios que han realizado algunos de los encausados, concretamente los de la ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras, desde hace doce años, cuando Riopedre y la misma Otero llegaron al Gobierno regional tras la victoria de Vicente Álvarez Areces en mayo del año 1999.

Esta circunstancia ha propiciado que, durante los interrogatorios, López Pandiella le pidiera a Otero explicaciones por ingresos y transferencias realizadas en pesetas, algo que extrañó a algunos de los letrados, que advierten de que cualquier ilegalidad con esas operaciones económicas ya estarían prescritas. Los delitos económicos suelen prescribir a los cinco años aunque en el caso de acusaciones graves el plazo puede ampliarse a los diez años, contados desde la apertura de diligencias. En la causa que instruye la juez Pandiella, una red corrupta en la que confluyen dos tramas, una de tintes políticos y otra de rasgos administrativos, también están acusados los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, propietarios de las firmas Igrafo y Almacenes Pumarín, respectivamente. Ambos se encuentran en libertad bajo fianza y deberán abonar trescientos mil euros antes del próximo miércoles.

Durante los interrogatorios, López Pandiella preguntó a los encausados, principalmente a Otero y Renedo, por las frecuentes adjudicaciones realizadas a otras cuatro empresas vinculadas al sector de la construcción, los viajes, la publicidad y la comunicación. Este diario trató ayer sin éxito de hablar con sus responsables, administradores o apoderados.

De lo que ha trascendido hasta ahora del sumario se desprende que la juez investiga hasta cinco vías diferentes por las que el supuesto entramado corrupto ingresaba el dinero. La más «diversificada» es sin duda Marta Renedo Avilés. La acusación sospecha que la funcionaria cobraba comisiones directas de los empresarios a los que adjudicaba los contratos, que lo hacía también a través de subcontrataciones (bien adjudicándose a sí misma y subcontratando a terceros a menor precio o bien adjudicando a otras compañías que luego subcontrataban con la suya) y también mediante adjudicaciones directas a su empresa, Implants Mounts, que luego, tras cobrar, podía incluso incumplir el contrato.

En el caso de María Jesús Otero, número dos de Educación hasta el pasado agosto y amiga del todopoderoso Alfredo Pérez Rubalcaba, que suele veranear en Llanes, la juez investiga si la ex directora general adjudicaba irregularmente a empresas que luego le pagaban comisiones a través de operaciones inmobiliarias, con compras y alquileres de viviendas y casa rurales a su nombre o al de varias sociedades del oriente de Asturias -Buga90, Alvaroter, Finca Las Nieves y Cueto Mazuga- en las que Otero tuvo o tiene intereses.

Por lo poco que ha dejado entrever hasta la fecha la investigación sobre los delitos que se imputan al ex consejero Iglesias Riopedre, hombre de confianza de Vicente Álvarez Areces, y a falta de que se levante el secreto sumarial, las contrataciones realizadas por la firma Geogal, propiedad del hijo de Riopedre, centran las pesquisas judiciales. La juez investiga tratos de favor en las contrataciones y si desde la Administración se presionaba a otros adjudicatarios de obras para que subcontrataran los servicios geotécnicos con la citada empresa.

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