El Partido Popular de Asturias está estudiando su personación como acusación particular en las diligencias que instruye el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón y que han provocado el encarcelamiento del ex consejero de Educación del Gobierno asturiano, José Luis Iglesias Riopedre.
Según ha informado esta formación, "la gravedad de los hechos, la alarma que generan en la sociedad y el quebranto que a la misma se causa" determinan la exigencia de responsabilidades políticas al Gobierno regional y a la Federación Socialista Asturiana.
Para la formación conservadora, la detención de Riopedre, de la ex directora general de Centros, María Jesús Otero, y de la ex jefa de servicio de la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo, "pone en evidencia la gravedad de los hechos" y refleja que se trata de un supuesto caso de corrupción "que no tiene precedentes" en Asturias.
Los tres permanecen en prisión provisional por decisión de la jueza que instruye la causa que les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, exacciones ilegales y blanqueo de capitales.
La jueza tiene previsto resolver a mediados de la semana que viene la petición comunicada ayer por el Ministerio Fiscal de que se inhiba a favor de los juzgados de Oviedo en la causa.
Además, dejó en libertad bajo fianza de 300.000 euros a los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, propietario de la empresa Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín.
Las actuaciones siguen siendo secretas, pero si la magistrada opta por la inhibición, debe levantar esta situación.
