Gijón / Oviedo,

R. GARCÍA / J. E. MENCÍA

Se amplían las sospechas en la "operación Marea". La Brigada de Delitos Económicos de la Policía Judicial de Gijón, que investiga un presunto entramado corrupto integrado por políticos, funcionarios y empresarios asturianos, ha llamado a prestar declaración a varios propietarios de compañías que trabajan para la Administración del Principado. Como los dueños de Igrafo y Almacenes Pumarín, estos empresarios son sospechosos de haber cometido dos delitos, uno de cohecho y otro de tráfico de influencias.

La causa que instruye la juez Ana López Pandiella ya ha llevado a prisión al ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; a la que era su «número dos» en la Consejería, María Jesús Otero, y a la funcionaria de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés. En libertad, en espera del pago de una fianza de 300.000 euros, se encuentran Víctor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, dueño de Almacenes Pumarín.

Estos nuevos empresarios fueron citados a declarar, en calidad de no detenidos, por la Policía, que se encargó de comunicar a los responsables de las empresas que se encuentran inmersos en una investigación por cohecho y tráfico de influencias. La Policía advierte a los empresarios de que declaran en calidad de sospechosos, lo que hace que casi todos se niegen a responder las preguntas de los responsables de la investigación y que los representantes de las empresas acudan a Comisaría acompañados de abogados.

Uno de los letrados que asistió a los interrogatorios aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que su cliente declaró en calidad de "imputado no detenido" y que, una vez puesto en libertad, los agentes le informaron de estaba acusado de "cohecho y tráfico de influencias". El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) rechazó esta misma mañana que la juez haya dictado nuevas imputaciones y aclaró que la calidad de imputado judicial sólo puede dictarla la instructora. Desde el TSJA se asegura que "en el marco de una Instrucción de este tipo, que sigue abierta, se encuentra que la Policía pueda tomar declaración a quien considere oportuno, en calidad de detenido o no, sin que esto suponga una imputación judicial de delito alguno, hecho este que únicamente le corresponde a la autoridad judicial". El TSJA no descarta que pueda haber imputaciones en próximos días.

A los interrogatorios a más empresarios se suman también nuevas diligencias de investigación. La Policía judicial de Gijón registró esta semana más dependencias de la Administración regional recabando documentación y pruebas sobre los contratos realizados por el Principado con las empresas investigadas.

La magistrada que instruye la causa, en la que todo indica que se inhibirá esta misma semana, tras vencer el plazo dado a los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín para pagar la fianza, investiga también si las compañías encausadas utilizaban dádivas como viajes de lujo y otro tipo de regalos para «camelar» a los encargados de adjudicarles los contratos.

La red, según se desprende de lo que se conoce de la investigación, está integrada por dos tramas distintas, una de tintes políticos (la que conformarían Riopedre y Otero) y otra de carácter administrativo (la de Marta Renedo), que compartirían algunos comportamientos: el cobro de comisiones y la recepción de regalos, entre otros. En el caso de Riopedre, la investigación sospecha que negociaba tratos de favor para la empresa de su hijo con las compañías que se beneficiaban de las adjudicaciones públicas.

Sobre José Luis Iglesias Riopedre, también está claro que aparece en las escuchas antes de dejar el cargo de consejero. Ahora bien, todo indica que el teléfono que estaba pinchado no era el suyo sino el de María Jesús Otero. Pocas semanas después de ser grabados hablando de varias adjudicaciones de obras tras las riadas de Arriondas, ambos dejarían sus cargos en la Consejería de Educación.

Javier Fernández Vallina, ex consejero de Educación y Cultura del Principado, destacó ayer en Zaragoza su «estupefacción» por la detención de José Luis Iglesias Riopedre, del que fue superior en la Consejería, y de la ex directora general María Jesús Otero y expresó su respaldo a la respuesta del partido.

Preguntado sobre si sospechó de irregularidades en su etapa en la Consejería (1999-2003), Vallina afirmó que las decisiones económicas «suelen estar delegadas» y que bajo su mandato no hubo un presupuesto muy expansivo en Educación. «Los dos primeros años la competencia era del Estado y luego tampoco se gastó mucho, dada la baja natalidad», indicó. Riopedre era entonces viceconsejero de Educación y tenía a Otero como directora general.

Actual coordinador federal de la organización sectorial de educación, Vallina asistió ayer al cónclave preelectoral socialista en Zaragoza. Fuentes próximas al presidente Areces y a Javier Fernández aseguraron no haber tenido constancia de ningún encuentro entre Vallina y los dos dirigentes. «He venido para trabajar en la parte de educación de esta convención», aseguró.