La Policía interroga al hijo de Riopedre en relación con la trama de corrupción

Oviedo, L. Á. VEGA

La «operación Marea» amplía sospechas. La brigada de delitos económicos de la Policía judicial de Gijón, que investiga un presunto entramado corrupto integrado por políticos, funcionarios y empresarios asturianos, citó ayer a declarar, en relación con la trama, al empresario E. I. G., hijo del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, que se negó a responder a las preguntas de la Policía acogiéndose a su derecho a no declarar.

El sospechoso de formar parte de la trama, que estuvo asistido por el letrado gijonés José Joaquín García, es el propietario de la firma Geogal, una empresa con sedes en Asturias y Galicia que se dedica a realizar estudios geotécnicos. Según lo desvelado hasta ahora del caso que instruye, bajo secreto sumarial, la juez Ana López Pandiella, Geogal podría haberse beneficiado de contrataciones irregulares. La Policía investiga si Riopedre pedía o exigía, a las empresas a las que Educación adjudicaba obras, que luego subcontrataran parte de los trabajos con la firma Geogal. El hijo de Riopedre quedó en libertad tras pasar por la Comisaría.

La investigación que dirige López Pandiella ya ha llevado a la cárcel a su padre, José Luis Iglesias Riopedre; a la que fue «número dos» de éste en Educación y directora general, María Jesús Otero, y a la funcionaria de la Consejería de Administraciones Públicas Marta Renedo Avilés, jefa de servicio de la Consejería de Ana Rosa Migoya. En libertad a la espera de que paguen una fianza de 300.000 euros, cuyo plazo vence hoy, se encuentran los empresarios Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, y Alfonso Sánchez, de Almacenes Pumarín.

La aparición de Geogal en las diligencias de averiguación que lleva a cabo la Policía amplía el objeto de la investigación, que pasa de los muebles y el equipamiento de oficina al cemento, a las obras.

Otro empresario que ha sido requerido por la Policía es el gerente de Asac Comunicaciones, Maximino Fernández, que asegura que los agentes sólo les han pedido tres facturas. «Les hemos presentado las tres, perfectamente detalladas», añadió el empresario, quien reivindicó la honradez de una empresa de 96 empleados. «Nos contratan porque trabajamos bien», afirma para explicar que no tenía tratos con el Principado y el Ayuntamiento de Gijón. «Todo lo contrario, estamos castigados, nos creen enemigos», aseguró Fernández en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA. Sobre Fernández no pesa acusación.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) rechazó ayer que la juez haya dictado nuevas imputaciones y aclaró que la calidad de imputado judicial sólo puede dictarla la instructora. Desde el TSJA se asegura que «en el marco de una instrucción de este tipo, que sigue abierta, se encuentra que la Policía pueda tomar declaración a quien considere oportuno, en calidad de detenido o no, sin que esto suponga una imputación judicial». Desde el TSJA no se descarta, sin embargo, que pueda haber imputaciones en los próximos días.

A los nuevos interrogatorios se suman también nuevas diligencias de investigación. La Policía judicial de Gijón ha reclamado a Educación información sobre las competencias en la contratación de obras y servicios, una documentación que ya ha sido remitida. En los próximos días se espera que la Policía solicite nuevos datos al Principado y que lleve a cabo más testificales, «buena parte de ellas referidas a Renedo». La investigación calcula que la funcionaria, que falsificó cuentas bancarias de personas físicas y empresas, pudo obtener hasta 1,8 millones de euros con sus actividades ilícitas. La ex jefa de servicio, la misma que, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA el pasado junio, evitó en 2006 que el Ayuntamiento de Gijón recuperara unos fondos arqueológicos de la Campa Torres que estaban en poder de los investigadores, es un eje de las pesquisas.

La actividad que demuestra la instructora del caso parece indicar, según varias fuentes, que López Pandiella no tiene intención de «inhibirse» de la causa, al menos de inmediato. Inicialmente se había barajado que pudiera hacerlo esta misma semana. La inhibición o, lo que es lo mismo, el traslado del caso a Oviedo obliga a la juez a levantar el secreto de sumario, algo que no parece dispuesta a hacer sin acabar la instrucción.

El ex consejero José Luis Iglesias Riopedre, ingresado en la unidad terapéutica y educativa número 1 de la prisión de Villabona, recibió el viernes pasado la visita del eurodiputado Antonio Masip. Según explicó el veterano político ovetense, la visita fue «por razones humanitarias y a título personal». Masip confesó que no le une una amistad grande con el ex consejero, pero que le conoce desde la época de la clandestinidad. Sin querer inmiscuirse en cuestiones que están bajo secreto del sumario y que aún están pendientes de decisión judicial, Masip indicó que «es difícil creer que una persona del porte moral de Riopedre pueda estar implicado en los delitos que se le imputan».

El eurodiputado explicó su presencia en la cárcel junto a Riopedre por exigencias de «su código personal». «Humanamente no podía menos que visitarle», añadió Antonio Masip. El eurodiputado encontró a Riopedre «bien, aunque abrumado por la carga de responsabilidad que se le ha venido encima». Además, «me preocupa mucho su situación médica», indicó, al tiempo que se hacía eco de una posible dificultad del ex consejero para acceder a la medicación que precisa por patología coronaria.

La de Masip es la única visita que ha recibido Riopedre que ha trascendido por el momento. Por lo general, las personas que acaban de ser encarceladas no pueden recibir visitas hasta dos semanas después de su ingreso en prisión. En las UTE de Villabona, sin embargo, esta norma no se lleva a rajatabla y los responsables de las unidades pueden autorizar las visitas.

En teoría, Riopedre, María Jesús Otero y Marta Renedo pueden mantener contacto libremente en la UTE 1, que es mixta, frente a la UTE 2, que sólo es para hombres.