04 de febrero de 2011
04.02.2011

Paloma Biglino
Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid 

«Que la Sindicatura sea elegida por el Parlamento no implica que esté politizada»

«Al llevar los estatutos al Constitucional se le traspasan decisiones que deberían haber tomado quienes elaboraron la Constitución o quienes pueden reformarla»

04.02.2011 | 01:00
La constitucionalista Paloma Biglino, ayer, en la Junta General del Principado.

La catedrática de Derecho Constitucional Paloma Biglino participó ayer en la Junta del Principado en la presentación de la sexta entrega de «Fundamentos», coordinada por los profesores de la Universidad de Oviedo Ignacio Fernández Sarasola y Joaquín Varela Suances-Carpegna. Biglino sostiene que, por el hecho de que órganos de control como la Sindicatura de Cuentas sean elegidos por los parlamentos, no puede decirse que estén politizados.

-Usted dice que no se ha entendido el papel del Tribunal Constitucional en la crisis de los estatutos de autonomía. ¿No se ha intentado superar la Constitución?

-Ha habido preceptos que se han declarado inconstitucionales, pero no creo que quienes los redactaron intentasen superar la Constitución, sino que dieron una interpretación distinta de la que ha seguido el Constitucional. Una vez que se ha aclarado el panorama, se ha puesto de manifiesto el papel de los estatutos a la hora de completar el mapa territorial diseñado por nuestra norma fundamental. Al final, nuestro país, donde la articulación de lo territorial es compleja, necesita un árbitro, y este árbitro, guardián del pluralismo exigido por nuestra carta magna, es el Constitucional.

-¿Cree que debe reformarse la Constitución?

-Eso es una decisión que corresponde a los políticos, que son quienes deberían llegar a un acuerdo. Después de treinta años en vigor, yo creo que hay algunos aspectos de la Constitución que deberían ser revisados, que se podrían pefeccionar. Uno de los aspectos más interesantes sería adecuar la estructura de las instituciones del Estado al desarrollo que han tenido las autonomías. Cuando se elaboró la Constitución, en 1978 desconocíamos cómo iba a desarrollarse el Estado autonómico. Sería bueno modificar el papel del Senado, reformar alguna de las instituciones del aparato central, porque el Estado cumpliría mejor así el papel de integración imprescindible en nuestro ordenamiento territorial.

-Se está planteando que nuestra estructura territorial es cara.

-Habría que hacer no una evaluación de las autonomías, sino del Estado de las autonomías. Si nos preocupa la eficiencia, nos daremos cuenta de que el problema no son las comunidades, sino la forma en la que el Estado central y esas autonomías se relacionan entre sí. Si queremos ahorrar, que nuestros recursos se utilicen mejor, lo que habría que hacer es evitar duplicaciones, distribuir mejor el poder y todo eso se puede llevar a cabo mejorando la coordinación y la cooperación.

-Usted ha tratado en algún trabajo el control de las cuentas públicas. ¿Qué problemas se plantean?

-Nuestro ordenamiento en materia fiscalización de cuentas parte de un planteamiento, cuando menos, peculiar, y es que el Tribunal de Cuentas sigue siendo el máximo órgano de fiscalización de cuentas del sector público, pese al desarrollo de las autonomías y de órganos de control que las fiscalizan. La colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades es un elemento esencial para mejorar el sistema de control. Esa relación es muy buena, pero hay aspectos técnicos que hay que desarrollar, para que esa relación sea más fluida e integrada.

-¿Esos órganos están excesivamente politizados?

-Hay una confusión que me parece peligrosa y que habría que despejar. La independencia de un órgano como la Sindicatura no depende de cómo sea elegido, sino de las garantías que se reconocen a la institución y a sus miembros. Son estos otros elementos de carácter estructural los que garantizan la independencia de dichos órganos. Yo no comparto esa visión de que porque haya una elección parlamentaria tenga que haber una politización de órganos como la Sindicatura.

-¿Piensa lo mismo respecto al Tribunal Constitucional?

-Lo mismo. Hay una cierta contradicción. Se clasifica a los magistrados como progresistas o conservadores, pero cuando se salen del papel que se les ha atribuido, lo que ocurre con muchísima frecuencia, se les acusa de ser traidores. ¿Queremos entonces que sean independientes o no?

-Las presiones que ha sufrido ese tribunal en los últimos meses son tremendas.

-Se le ha colocado en un papel difícil, pero no obedece sólo a razones políticas, sino a problemas estructurales. La Constitución no cierra la distribución territorial del poder. Al someter los estatutos al Constitucional se están traspasando al tribunal decisiones de carácter técnico que deberían haber sido tomadas por quienes elaboraron la Constitución, o por quienes podrían reformarla. En 1978 no se sabía cómo iba a evolucionar esto, y de ahí vienen los problemas actuales.

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