Oviedo,
José A. ORDÓÑEZ
El titular del Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo sostiene que los dirigentes socialistas que gestionaban la empresa pública de vivienda Vipasa cuando dependía de la Consejería de Infraestructuras adjudicaron la redacción del proyecto arquitectónico de los 102 minipisos de la Universidad Laboral, en Gijón, de manera «discrecional», como «si se tratara de una empresa privada», y con «la simulación de un expediente ficticio», hecho «a posteriori», en el que se incluyen documentos falsificados. Por si fuera poco, el magistrado ha detectado un incremento del precio de contratación para el que no encuentra «justificación alguna aparentemente» y que, además, se produjo cuando sólo habían pasado cinco días desde el acuerdo de adjudicación.
Todo lo anterior consta en los autos fechados a comienzos de este mes por los que el juez desestima los recursos de reforma presentados por tres de los seis imputados, por falsificación de documentos mercantiles y un delito societario, en la presunta adjudicación «a dedo» y por encima de precio del proyecto para la construcción de los minipisos. El auto es demoledor contra los acusados (tres altos cargos del Gobierno de Vicente Álvarez Areces), la ex gerente de Vipasa y los dos arquitectos que se hicieron con el contrato.
El magistrado asegura que de la investigación «se concluye la inexistencia de un expediente real para la contratación de los arquitectos y la simulación a posteriori de un expediente ficticio, cuando, por razón de un cambio político, iban a cambiar los responsables de Vipasa». Los entonces responsables de esta entidad contrataron a los arquitectos de «manera discrecional», como «si nos halláramos ante una empresa privada». Además, detecta un aumento del importe «sin justificación alguna aparentemente» y en «sólo cinco días».
Este escándalo saltó a la luz pública en marzo de 2009, por una denuncia del PP contra los miembros del consejo de administración de Vipasa que aprobaron la adjudicación del proyecto de los minipisos de la Laboral. El juez aceptó el caso e imputó a Enrique Álvarez, que era vicepresidente de la entidad y que, en la actualidad, es gerente de la Zalia; a Guillermo Morales, director general de Urbanismo; Javier Uría, director general de Patrimonio de la Consejería de Hacienda; María José Hevia, gerente de Vipasa en el momento en que sucedieron los hechos, y los arquitectos contratados, Esteban Díaz Amunárriz y Rafael Rojo. Todos ellos se enfrentan a penas máximas de nueve años de prisión.
El magistrado encargado del caso expone en su auto que la intención de los recurrentes es «dar carpetazo al asunto», algo que rechaza taxativamente. Según indica en los fundamentos jurídicos, en el expediente del proyecto para los minipisos se ha detectado la falsificación de documentos relacionados con el contrato «haciendo constar que se elaboraron el 26 de diciembre de 2007, cuando, en realidad, fueron elaborados y firmados en una fecha no concretada sobre noviembre de 2008». Además, considera «comprobado» que el acta de la reunión en la que se adjudicó el proyecto al estudio de arquitectos en 320.000 euros tiene fecha de 21 de diciembre de 2007, y que el contrato se firma «supuestamente» cinco días después, pero en 381.654 euros más IVA. El juez considera que este incremento económico no tiene justificación aparente.
El fallo del magistrado señala a María José Hevia como la persona que elaboró la documentación falsificada. Además, los documentos fueron firmados por Enrique Álvarez, Esteban Amunárriz y Rafael Rojo. Por su lado, Uría y Guillermo Morales «conocían los hechos y los consintieron». Además, el juez pone de manifiesto que las declaraciones de los imputados son «contradictorias», pese a que «sin lugar a duda», «el expediente fue elaborado a posteriori, para hacer ver que las cosas se habían hecho al menos discutiblemente bien».
