La proposición no de ley de IU para hacer públicos los contratos menores de la Administración y aquellos que pueden adjudicarse por procedimiento negociado ha caído bien en la mayoría de los partidos y expertos en el campo de la fiscalización del gasto público. Sin embargo, la modalidad elegida por IU, esto es, la publicación de esos contratos en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) con una periodicidad trimestral, incluyendo datos como el objeto, la cuantía, el órgano competente y el adjudicatario, se antoja para algunos de los consultados como una oportunidad perdida para establecer otros instrumentos de control que permitirían lograr una mayor transparencia.
Lo que echan de menos los expertos es un portal o una web, en la que puedan realizarse búsquedas más complejas, como por ejemplo todos los contratos realizados por una empresa determinada, un tipo concreto de contratación o los convenios firmados por un departamento.
Ramón García Cañal, diputado del PP en la Junta, aseguró que su partido estaría «de acuerdo» en apoyar la iniciativa de IU. No obstante, Cañal cree que habría que estudiar cuestiones como la fórmula para publicar los contratos. «Quizás hacerlo en el BOPA puede ser un barullo, porque hay muchísimos contratos. Igual podría hacerse a través de una página web», señaló este diputado.
Cañal subrayó que además de hacer pública esta información «se debería poder consultar en el tiempo, no retirándolos al poco de su publicación». Cañal insistió en que el PP «defenderá» la propuesta de IU ya que aboga por «todo lo que sea transparencia y claridad en la Administración, y más después de lo que ha pasado en el Principado», en una clara alusión a la «operación Marea».
Otro partido que aboga por una web del Principado es UPyD. Ignacio Prendes, candidato a la Presidencia de Asturias, apoyó la creación de un portal que recoja «todos los gastos de la Administración regional», y considera imprescindible que «la opinión pública pueda consultar de manera accesible y dinámica los datos, y en el que se puedan realizar consultas por proveedor y por centro de gasto». El candidato defiende, por otro lado, el desarrollo de la ley de transparencia paralizada por el PSOE el pasado verano.
Ignacio Prendes cree que la medida propuesta por IU de publicar los contratos menores en el BOPA «es contraproducente, ya que sólo llevará a una saturación informativa y a enterrar en papel a los ciudadanos que quieran realizar una consulta». Además, indica que IU aceptó que se censurase a un director general y le impidiese hacer públicas sus propias retribuciones y los contratos menores.
Por su parte, el PSOE prefiere esperar a analizar «una propuesta que significaría la modificación de contratos públicos», en palabras del diputado regional Fernando Lastra. El parlamentario pidió un margen para estudiar la propuesta, aunque también indicó que su partido político está comprometido con la transparencia. En cualquier caso, «no es que suenen mal las cosas» que propone IU, indicó.
Juan José Cañas Sancho, presidente de la Asociación para la Defensa de la Transparencia en la Contratación del Sector Público (Adetra), también aplaudió la medida propuesta por IU. «Cualquier avance es positivo, que se publiquen esos contratos en un BOPA supondría un paso de gigante», aseguró Cañas, primer economista que dirigió el Servicio de Salud del Principado, entre 2003 y 2007.
El presidente de Adetra opinó que los contratos deberían estar colgados «en la propia web del Principado, de forma que se pudieran realizar búsquedas por tipo de contratación, y no sólo los contratos vivos, aquellos que están en fase de ejecución, sino los suscritos en los últimos 12 o 24 meses». Conocedor de la Administración regional, Cañas rompió una lanza en favor del Principado. «Tengo el convencimiento de que los procedimientos de contratación son correctos en términos generales. Todo lo que sea incrementar el control es positivo; por tanto, la aplicación de la propuesta de IU sería una buena noticia», añadió.
Otro experto en fiscalización del gasto público, que prefirió guardar el anonimato por sus responsabilidades actuales, se mostró contrario a publicar todos los contratos, incluso los de una cuantía insignificante, como se realiza en otras comunidades, como Cantabria. «Significaría bloquear la página en la que se publicasen», opinó. Una sentencia europea, indicó, abre la puerta a la publicación de estos datos, pero sólo los referentes a las empresas, no a los empresarios individuales. No obstante, hay lagunas. «¿Quién controla que se publican todos los contratos? Alguien debería certificarlo. La Sindicatura de Cuentas podría tener algo que decir en ese aspecto», añadió el experto.
E indicó que «debería poder hacerse un seguimiento de los grandes contratos a través del perfil del contratante». Tal como están las cosas, «acabará siendo obligatorio que todos esos datos estén colgados en una web de fácil acceso, con las actas de contratación, incluidas las motivaciones». Pero «bastante se hace con publicar las adjudicaciones».
La legislación actual exime a la Administración de sacar a concurso los contratos menores, que son los de obras inferiores a 50.000 euros y los de servicios, suministros o asistencia técnica inferiores a 18.000. Tampoco hay que publicitar los contratos amparados por el procedimiento negociado, de hasta 200.000 euros en el caso de obras y hasta 60.000 en otro tipo de contratos.
