La Sección Octava de la Audiencia Provincial acordó ayer la excarcelación del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre. Eso sí, previo pago de una fianza de 100.000 euros. El entorno de Riopedre -que llevaba desde el 25 de enero encarcelado por su implicación en la «operación Marea», que investiga contrataciones irregulares en la Administración regional- reconoció que la decisión judicial de ayer había sido una «pequeña victoria», pero sus allegados matizaron que la cuantía de la fianza, que consideran elevada, había sido un varapalo. «No estábamos preparados para tanta cantidad», indicaron.

Los magistrados de la Sala Octava justificaron la puesta en libertad de Riopedre por su edad avanzada, la enfermedad cardiaca que sufre, por no existir el riesgo de reiteración delictiva al haber dejado de ser consejero y por haber disminuido la posibilidad de obstruir a la investigación al estar ésta muy avanzada. Pese a todo ello, en el auto se reiteran las imputaciones que pesan sobre él: «Constan motivos bastantes para considerarle criminalmente responsable de dichos delitos».

El entorno del ex consejero considera excesivos los 100.000 euros para un hombre que, cuando fue detenido, tenía una liquidez de 1.300 euros, según indicó su defensa en la vista del miércoles. Esa cantidad podría no obstante satisfacerse con garantías inmobiliarias y, según las fuentes consultadas, los bienes embargados, como el piso del ex consejero en la calle Gascona de Oviedo, pueden utilizarse a tal fin. Dada la cuantía de la fianza, los allegados al ex consejero no veían inminente la salida de la cárcel. «Puede ser más largo de lo previsto», indicaron, sin descartar que pase el fin de semana en prisión.

La Sección Octava mantiene en cambio el encarcelamiento de la «número dos» de Riopedre en Educación, María Jesús Otero, y de la jefa de servicio en la Consejería de Administraciones Públicas Marta Renedo, al entender que hay un alto riesgo de fuga y de destrucción de pruebas ante la amenaza de una pena grave. El auto que mantiene en prisión a María Jesús Otero es especialmente duro, pues subraya que «abusó» de su alto cargo y que recibió «importantes sumas» por la adjudicación de contratos a las empresas imputadas, Igrafo y Almacenes Pumarín.

La cuantía de la fianza coloca al entorno de Riopedre en un nuevo contexto. «La familia está valorando esta nueva circunstancia y cómo afrontarla; no es fácil», expusieron ayer allegados del ex consejero, quienes destacaron que «el patrimonio de José Luis es conocido públicamente». Al estado de sus cuentas hizo alusión el abogado de Riopedre, Sergio Herrero, durante la vista oral del miércoles. Allí remarcó que su cliente sólo tenía una liquidez de 1.300 euros. De ahí que, apenas conocido el auto, el entorno del ex consejero negara la posibilidad de que saliese de Villabona en pocas horas.

Durante la jornada de ayer la familia y los íntimos de José Luis Iglesias Riopedre reconocieron haber recibido llamadas de amigos que se interesaron en apoyar, incluso económicamente, la excarcelación del ex consejero de Educación. De hecho, algunos de sus íntimos no descartaron abrir un fondo de ayuda con destino a la fianza por su compromiso con una persona en cuya inocencia siguen confiando, pese a los duros razonamientos jurídicos que, de nuevo ayer, en este caso por parte de la Audiencia, volvieron a verterse en el auto de su excarcelación. Además, nadie quiso dar pasos en falso que puedan acabar por perjudicar ni la imagen de Riopedre ni el devenir del caso.

Pese a que ayer no hubo un pronunciamiento público de la familia de Riopedre sobre el alivio que supone que se considere su salida de prisión, aunque sea con fianza, sus amigos sí que tenían clara «la pequeña victoria» que supone esa decisión, sobre todo tras la dura intervención de la fiscal el pasado miércoles, y el escaso respaldo que parecía que habían tenido las consideraciones al delicado estado de salud por parte de los forenses judiciales. No obstante, el principal alegato de la defensa para sostener la excarcelación de Riopedre fue la «indefensión» que, a su juicio, sufre el ex consejero pues aseguran que no sabe de qué se le acusa.