04 de marzo de 2011
04.03.2011
 

Un plan de ahorro que aumenta el gasto

El vicepresidente Chaves anuncia que los municipios y las autonomías tendrán que asumir parte de los costes del plan estatal para reducir el consumo de energía

04.03.2011 | 01:00

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ


El Gobierno central está decidido a recortar el consumo energético de los españoles pero los costes económicos que conlleve este plan de ahorro se «repartirán» entre las tres administraciones. Así lo anunció ayer el ministro de Administraciones Públicas y vicepresidente tercero, Manuel Chaves. El Consejo de Ministros aprobará hoy el plan de eficiencia energética, cuyas medidas principales son la reducción a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima en autovías y autopistas y el plan «Renove» para neumáticos en mal estado.


El resto de actuaciones incluidas en el plan ya lo están desarrollando en mayor o menor medida las tres administraciones. Así lo reconoce el director general de Minería y Energía del Principado, Isaac Pola, que el miércoles conoció con detalle el plan en una reunión con el ministro de Industria, Miguel Sebastián. «Quitando un par de medidas realmente novedosas, el resto consiste en intensificar lo que ya se estamos haciendo», resume Pola. Aunque el Ejecutivo maneja tres niveles de alerta por si se agrava la crisis petrolera, Industria entiende que, en la situación actual, no hay necesidad de ir más allá en las políticas de ahorro, porque, según señaló el propio Sebastián en el encuentro con los responsables autonómicos, «España mantiene la seguridad del suministro energético».


No obstante, y ante el riesgo evidente de que se produzca una escalada de precios por la inestabilidad política en el norte de África, dentro del plan que va a poner en marcha el Gobierno también hay medidas con las que pretende garantizar la seguridad del suministro. Es en este epígrafe en el que se incluye la decisión de reducir la limitación de velocidad máxima de 120 a 110 kilómetros a la hora. Así, según Industria, el país ahorrará en torno al tres por ciento de las importaciones de barriles de petróleo, que son unos 600 millones al año. Además, también en materia de seguridad, el Ejecutivo va a ampliar el porcentaje exigible de biocarburante tanto en gasóleos como en gasolinas, de forma que pase del 5,86 al 7 por ciento. Esta medida irá acompañada de una normativa para atajar la competencia desleal del comercio de biocarburantes llegados de países ajenos a la Unión Europea (UE). La última de las grandes medidas en este ámbito consiste en el desarrollo de proyectos para fomentar el uso del transporte público. El Gobierno, que ya ha decretado una reducción del cinco por ciento en las tarifas de cercanías de Renfe, reclama la colaboración, en la medida de lo posible, de las autonomías y de los ayuntamientos. Al menos de momento, el éxito de este llamamiento es escaso.


El otro gran bloque de medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo tiene como objeto generar e intensificar medidas de ahorro y eficiencia. Dentro de las políticas de movilidad, plantea optimizar el uso del parque móvil de las administraciones, fomentar el uso del coche compartido, avanzar en el desarrollo de los automóviles eléctricos, abrir una vía de financiación para planes de movilidad urbana y ese novedoso plan «Renove» para la sustitución de alrededor de 240.000 neumáticos. Según Industria, conducir con las ruedas en buen estado permite ahorrar 0,3 litros de gasolina cada cien kilómetros.


En cuanto a edificación, el Ejecutivo propone campañas de sustitución de calefacciones tradicionales por modelos de biomasa o la reducción y optimización de horarios en edificios públicos, intentando que en su mayor parte estén cerrados a partir de las seis de la tarde. Además, impulsará la contratación de empresas de servicios energéticos y potenciará el plan «Renove» de calderas de alto rendimiento.


Finalmente, el plan estatal incluye un apartado dedicado a la iluminación en el que se plantea una reducción del cincuenta por ciento del gasto de luminarias en carreteras, algo que el Gobierno quiere hacer sin reducir el número de farolas, o la instalación de bombillas de bajo coste en todas las calles e instalaciones públicas, lo que, según algunos cálculos, podría costar 2.100 millones. «Si lo que se plantea es que el Gobierno pague todo con respecto a este plan, yo creo que, en definitiva, el ahorro va a ser escaso», señaló ayer Chaves para argumentar que el Gobierno pretende involucrar a las autonomías y municipios en la financiación de todas las actuaciones incluidas en un plan de eficiencia, que justificó así: «Al final, lo que se plantea es que hay que afrontar situaciones, que lo mismo no se producen, derivadas de un alza en el precio del petróleo y el riesgo de suministro».

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