09 de mayo de 2011
09.05.2011
 

Un colectivo de funcionarios pide un plan para controlar las incompatibilidades

El Conceyu por Otra Función Pública encuentra treinta medidas que ayudarían a regenerar la Administración

09.05.2011 | 02:00

Oviedo, M. P.

«El preocupante proceso de degeneración en el que se encuentra inmersa la Administración pública asturiana» ha inducido al Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies (COFPA) a elaborar una batería de treinta medidas para regenerar el sector. Los responsables de la agrupación de funcionarios, inquietos entre otros motivos por las irregularidades que ha desvelado la «operación Marea» desde dentro del colectivo, han incluido entre sus reivindicaciones «un plan de control de las incompatibilidades» destinado a «evitar los conflictos de intereses que se producirían si las funciones públicas pudieran simultanearse con el desempeño de segundas actividades en el sector privado».


Aprovechando el inicio de la campaña electoral para los comicios autonómicos y municipales del día 22, Conceyu ha remitido a los partidos políticos este documento de actuaciones en el que también hace hincapié en la independencia de los órganos de control y fiscalización de la actividad administrativa. Se refiere, en concreto, a la modificación del régimen de nombramientos en la Inspección General de Servicios y en la Intervención General, sujetos ahora «a las directrices políticas del Gobierno regional». Otra de las medidas propuestas acentúa la necesidad del acceso libre, a través de la web del Principado, al registro de contratos públicos, «incluidos los menores», y una más establece la urgencia de la realización de «inspecciones programadas» que comprueben la ejecución de los contratos públicos.


La agrupación de empleados públicos solicita asimismo la implantación de estrategias que permitan la denuncia de casos de corrupción con protección para los denunciantes y, entre otras muchas señales, alerta del abuso «injustificado» de la libre designación de altos funcionarios o de la discrecionalidad del Gobierno en el nombramiento de tribunales de selección.

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