16 de junio de 2011
16.06.2011
40 Años
40 Años
 

Un técnico de Educación declara que le echaron tras poner pegas a un contrato

Vicente Hoyos reconoce que le extrañó que Igrafo y Almacenes Pumarín acaparasen la contratación - El juez se interesa por el proyecto de Infiesto para el hijo de Riopedre

16.06.2011 | 02:00
José Luis Iglesias Riopedre, en una de sus comparecencias en el Juzgado en Gijón.

Uno de los secretarios generales técnicos de la Consejería de Educación fue destituido después de poner pegas a una contratación dudosa que despertó incluso las suspicacias de la Intervención del Principado. Vicente Hoyos, que desempeñó este cargo de confianza entre julio de 2007 y el mismo mes de 2009, y que ahora forma parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Gijón, aseguró ayer ante el juez del «caso Marea», Ángel Sorando, que puso reparos a un contrato de suministro de bienes que excedía los límites legales de adjudicación. Finalmente se terminó pagando esta cantidad excesiva con el fin de evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Administración, según señalaron fuentes cercanas al caso. Poco después le destituyeron. Preguntado sobre si relacionaba su salida de la Consejería con el citado incidente, no supo responder. Simplemente le dijeron que no estaban satisfechos con su trabajo. Vicente Hoyos pudo cruzarse perfectamente con su anterior jefe, el ex consejero José Luis Iglesias Riopedre, quien ayer acudió al Juzgado para dar cuenta de su paradero, como debe hacer los días 1 y 15 de cada mes.

Vicente Hoyos declaró en calidad de testigo justo después de que lo hiciese Begoña Fernández, la directora general técnica que le sucedería y que desempeñaría el cargo hasta junio de 2010, poco antes de la dimisión del consejero José Luis Iglesias Riopedre y de la directora general de Planificación, María Jesús Otero. La declaración de Begoña Fernández fue la más plana. Le sirvió al juez para informarse de la forma en que se realizaban los contratos en la Consejería. A Fernández no le extrañó que Igrafo y Almacenes Pumarín acaparasen los contratos menores de Educación, puesto que eran dos grandes empresas del sector. Sí le extrañó, sin embargo, esta circunstancia a Vicente Hoyos, o al menos es lo que manifestó ante el juez.

Lo que sí aclararon ambos ex altos cargos es que su firma en los contratos tenía un carácter técnico, que era de mero trámite y que no participaban en las negociaciones de los mismos. Con ello, aseguró uno de los abogados de las acusaciones particulares, Esteban Aparicio, de la ejercida por la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), se desmonta una de las líneas de defensa de la ex directora general María Jesús Otero, quien aseguró que ella no tenía nada que ver con la tramitación de los contratos, que eran firmados por los secretarios generales técnicos.

El juez Sorando mostró especial interés por la cuestión del proyecto de calefacción geotérmica del Instituto de Infiesto (Piloña), el proyecto en el que iba a entrar el hijo de José Luis Iglesias Riopedre, Ernesto Iglesias. Del sumario se desprende que el ex consejero movió hilos con Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, para realizar este proyecto. Ninguno de los testigos declaró conocer ese asunto.

Las declaraciones de ayer se prolongaron durante una hora y media, desde las nueve hasta las diez y media de la mañana, en una de las salas de declaraciones del Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo. Éstas son las dos primeras declaraciones de las ocho que están previstas para los próximos meses. El próximo lunes, día 20, está previsto que se tome declaración, como testigo, al director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Principado, Alberto Pérez Cueto, jefe directo de la jefa de sección Marta Renedo. Ésta es una de las declaraciones más esperadas. También está previsto que declare Pablo Rodríguez Porrón, secretario general técnico de Educación entre junio de 2006 y julio de 2007. Para el 12 de septiembre está prevista la declaración, en calidad de testigo, de la ex consejera Ana Rosa Migoya, la jefa de Marta Renedo. El juez ha trasladado a las partes la posibilidad de solicitar la declaración de Migoya como imputada.

Ayer también se suspendió formalmente la vista que se había convocado para analizar la posible excarcelación de María Jesús Otero. La presencia de la imputada no fue posible debido a su estado de salud. Otero sufre síntomas depresivos, aparte de otros problemas de salud. La Audiencia Provincial decidirá su posible puesta en libertad en los próximos días (a finales de esta semana o la semana que viene) ante esta nueva petición de excarcelación presentada por el abogado de la ex directora, Ángel Bernal. También sobre la solicitud presentada por la defensa de Renedo, que corre a cargo de Luis Tuero.

En ambos casos, los argumentos son similares: que no hay riesgo de fuga, ni posibilidad de destrucción de pruebas. También el estado de salud de Otero, un argumento que puede ser determinante si se tiene en cuenta que fue el esgrimido para sacar de la cárcel a Riopedre.

Otro recurso también pendiente es el presentado por AVALL contra el traslado de diligencias por un delito contra la administración de justicia contra dos empleadas de banca de Llanes que avisaron a Otero de que era investigada.

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