La ley de Dependencia, la sanidad y Bolonia amenazan la sostenibilidad del gasto regional

La ley de Dependencia, la adaptación de la Universidad al nuevo espacio europeo de educación, conocido como «plan Bolonia», y el «rápido crecimiento del gasto sanitario» constituyen los principales retos para la sostenibilidad del gasto público en las comunidades autónomas, entre ellas la asturiana. Ésta es la principal conclusión a la que llegan Roberto Fernández Llera, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, y Eloy Morán, auditor del Consejo de Cuentas de Galicia, tras analizar las diferentes reacciones fiscales de las autonomías españolas ante la crisis.

Fernández Llera y Morán ponen negro sobre blanco los principales riesgos a los que se enfrentan las autonomías en pleno proceso de ajuste, pero también hacen una serie de recomendaciones para contribuir al saneamiento de las arcas públicas. Así, abogan por que las comunidades incidan en la aplicación de «políticas de reorganización administrativa» que les permitan lograr una mayor eficiencia a través, sobre todo, de una «reforma profunda de la política de personal». Además, se muestran a favor de un desarrollo importante de los métodos de colaboración público-privada, pero sin que ello conlleve unos «excesivos costes financieros» para la Administración, ni tampoco «una pérdida de control sobre los servicios públicos».

Las comunidades autónomas deberán de seguir apretándose el cinturón durante unos cuantos años más. Roberto Fernández Llera y Eloy Morán consideran que el proceso de ajuste «sólo ha desplegado su primera fase» y que «deberá continuar durante varios años», para «lograr los objetivos de estabilidad presupuestaria, sin comprometer la incipiente recuperación económica». Para alcanzar tal objetivo, y entre otras recomendaciones, los economistas también defienden «el refuerzo de las instituciones multilaterales de coordinación y cooperación», así como una reforma que haga del Senado «una auténtica Cámara de representación territorial».

Y es que, a juicio de los autores del estudio sobre las reacciones fiscales de las comunidades autónomas ante la crisis, publicado en el último número de la «Revista Asturiana de Economía», las medidas que se han adoptado hasta la fecha «adolecen de orden» y «no han constituido una respuesta global ni coordinada de las autonomías ante la crisis». Se trata de una carencia que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha tratado de corregir con la aprobación de un acuerdo marco de estabilidad de las finanzas públicas para el período que va de 2010 a 2013.

A este respecto, Roberto Fernández Llera y Eloy Morán consideran que habría que fijar una serie de «mecanismos penalizadores» para aquellas comunidades que incumplan los objetivos de estabilidad marcados por el Gobierno. Además, también defienden que se estudie la posibilidad de fijar los límites de deuda de acuerdo con el endeudamiento previo y con el grado de solvencia de cada autonomía en concreto, premiando de esa manera a las que se encuentren en una situación más desahogada y hayan cumplido los objetivos marcados por el Ministerio de Economía. Es lo que llaman el «pacto interno de estabilidad».

Asturias saldría beneficiada si se aplicase esta medida, toda vez que acabó 2010 sin sobrepasar el techo de endeudamiento y el Ministerio de Economía le ha aprobado el plan de reequilibrio financiero, que supone un ahorro de en torno al 1,1 por ciento del PIB regional. Son unos 254 millones que obligarán a hacer más esfuerzos, pero, según el consejero de Economía, Jaime Rabanal, sin tocar servicios básicos. Frente al aprobado de Asturias, el Ministerio ha puesto un suspenso a los planes de Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura, que podrían ser penalizadas por incumplir los objetivos si se llevase a cabo la propuesta de los economistas.

Las autonomías están obligadas por el Ministerio a reducir al 1 por ciento del producto interior bruto (PIB) el techo máximo de déficit en 2014. Se trata de una décima menos de lo previsto para 2013, mientras que para este año y el que viene rige el 1,3 por ciento del PIB. El Principado cerró 2010 con un déficit del 2,4 por ciento del PIB y su plan de reequilibrio financiero para cumplir con las exigencias del Gobierno central ya ha recibido el visto bueno de la vicepresidenta económica, Elena Salgado. El consejero de Economía, Jaime Rabanal, sostiene que el próximo Gobierno, que salvo sorpresa presidirá Francisco Álvarez-Cascos (FAC), no tendrá que emprender más ajustes que los ya aplicados al Presupuesto regional de este año.

Sin embargo, la advertencia de Fernández Llera y Morán sobre las consecuencias que puede tener en la sostenibilidad de las cuentas autonómicas el crecimiento del gasto sanitario coincide en el tiempo con la publicación de un informe de la Sindicatura de Cuentas en el que se consigna que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) acumula, desde hace ya varios años, una deuda no reconocida en sus obligaciones presupuestarias que en 2009 alcanzaba los 166,9 millones de euros. El PP ha alertado de que esta deuda, que se va desplazando de año en año y a la que la Sindicatura llama a poner coto cuanto antes, unida al sobrecoste de las obras de construcción del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), puede poner en peligro el sistema sanitario asturiano y la misma estabilidad económica del Principado.

Vicente Álvarez Areces deja a su sucesor una deuda de 1.644 millones, la segunda más baja de todo el país. De acuerdo con las previsiones de Rabanal, al final del ejercicio la deuda autonómica rondará los 1.800 millones, dentro del límite máximo autorizado.