11 de agosto de 2011
11.08.2011

Los economistas recomiendan suprimir las duplicidades del sector público asturiano

La profundidad de la crisis obliga a «adelgazar» la estructura de las autonomías para mantener los servicios básicos, según los expertos

11.08.2011 | 02:00

Oviedo, J. A. ARDURA


Hay un antes y un después de la crisis para las comunidades autónomas. Nada volverá a ser igual a los años de bonanza, en los que el Gobierno del Principado, como los de la práctica totalidad de las autonomías, engordó las plantillas de sus consejerías, pero también su sector público empresarial, con fundaciones y entidades que, en muchos casos, solapaban o anulaban el trabajo de organismos de otras administraciones o, incluso, de empresas del sector privado. Los economistas recomiendan «adelgazar» la estructura autonómica y, en primer lugar, «podar» la duplicidad de servicios para poder mantener prestaciones básicas tales como la sanidad, la educación y los servicios sociales.


Santiago Álvarez, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, sostiene que «ha llegado el momento de racionalizar el mapa competencial y clarificarlo para evitar las estructuras superpuestas en la Administración del Estado, las autonomías y los ayuntamientos» y recuerda que «en este país se creó un Ministerio de Vivienda cuando la gestión de esa competencia recaía en las distintas comunidades autónomas».


Álvarez también apunta al aumento de la transparencia en la financiación de las administraciones públicas como otra de las «asignaturas pendientes» del actual sistema: «Todos los ciudadanos debemos saber con claridad cuánto nos cuestan las administraciones públicas para que no se llegue a hablar de déficit oculto o de desplazamiento del gasto», plantea el catedrático universitario, que no duda en calificar de «desordenado» el crecimiento de las administraciones autonómicas en los años de bonanza económica.


«No quiero poner nombres a las entidades o a los entes autonómicos que están de más porque ésa es una decisión política, pero parece claro que la Administración no debe engordar con empresas cuyos fines ya están cubiertos bien por el sector privado o por otras administraciones», afirmó Álvarez, quien planteó que ese recorte también debe alcanzar a los altos cargos del sector público empresarial. «En este país se privatizó el INI, pero se montaron otros diecisiete en los respectivos gobiernos autonómicos», concluyó.


Este discurso tiene bastantes puntos de coincidencia con el de Miguel de la Fuente, decano del Colegio de Economistas de Asturias. «Los recursos son cada vez más escasos y el Gobierno regional debe reducir el déficit y adelgazar el gasto. Hay empresas, entidades y fundaciones con labores propias del sector privado; por ejemplo, Sedes y algunas fundaciones no tienen mucho sentido», valoró el economista, que también señaló como ejemplo de duplicidad susceptible de recorte «los diecisiete consejos económicos y sociales que tienen las autonomías o los defensores del Pueblo de cada comunidad». En su opinión, «en estos momentos, es prioritario destinar con mayor eficiencia los recursos, de tal manera que se supriman las empresas o los entes públicos que no son sostenibles para poder mantener los pilares del Estado del bienestar: la sanidad, la educación, las pensiones y la ley de Dependencia».


«No tengo muy claro para qué quiere un Gobierno regional una constructora», afirmó el economista Ángel de la Fuente, vicedirector del Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en alusión a la participación del Principado en Sedes. «No conozco muy bien el sector público empresarial del Principado, pero tiene alguna empresa rara», entre las cuales citó la televisión. «Hay que analizar qué hacen las fundaciones, las agencias y los consorcios para ver si cumplen una función de servicio público», afirmó De la Fuente.


El economista Fernando Rubiera, profesor de Economía Aplicada en la Universidad, recomendó a los gobiernos «un estudio exhaustivo, ya que no se trata de aplicar recortes aislados y populistas ni pasar de un extremo al otro», y afirmó que «no se puede medir por el mismo rasero a todos los entes del sector público porque algunas instituciones, modestas, están haciendo un papel muy serio, pero en otros casos se solapan y se neutralizan con otras administraciones. Pero, en su opinión, el calado de la crisis obligará a adoptar nuevas medidas como «afrontar más pagos de servicios públicos como, por ejemplo, subir las tasas en la enseñanza universitaria o plantear el copago en algunas prestaciones sanitarias».

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