19 de agosto de 2011
19.08.2011

El Gobierno regional prevé devolver a Educación y Sanidad la gestión en personal

l Las competencias de Justicia pasan de la Consejería de Presidencia
a la de Hacienda y Sector Público
l El departamento de Economía y Empleo se hará cargo de los contratos informáticos y del área de innovación

19.08.2011 | 06:41

Oviedo, J. A. ARDURA


El nuevo Gobierno regional deja la puerta abierta para devolver la gestión de personal a las consejerías de Educación y de Sanidad. Esta competencia había sido centralizada en el Instituto Adolfo Posada, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas durante el mandato del socialista Vicente Álvarez Areces, una medida muy contestada desde las organizaciones sindicales, especialmente del ámbito educativo. El Ejecutivo que preside Francisco Álvarez-Cascos publicó ayer en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) el decreto de reestructuración de las consejerías, donde se marcan los cometidos de cada una de las nueve consejerías con que contará el primer Gobierno de Foro Asturias. Las áreas de Educación y Sanidad aglutinan más de tres cuartas partes de la plantilla del Principado, es decir, unos 27.000 de los más de 35.000 empleados públicos que dependen de la autonomía.


Tanto en el caso de Educación como de Salud el decreto del Gobierno regional precisa que «la Consejería ejerce las competencias que corresponden a la comunidad docente respecto de los funcionarios de los cuerpos o las escalas en que se ordena la función pública docente». Representantes sindicales de la Administración pública asturiana coincidieron ayer en que ese texto «da pie a pensar en una devolución de las competencias del personal». No obstante, ese mismo decreto apunta que ambas consejerías dispondrán de la gestión del personal «sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería de Hacienda y Sector Público». Las mismas fuentes indicaron que, con esa salvaguarda, el Gobierno regional podría reservar para el departamento de Hacienda y Sector Público, «heredero» de muchas de las materias que en el anterior Ejecutivo regional recaían en Administraciones Públicas, el control económico y del gasto en materia de personal.


Varios sindicatos de la función pública y del ámbito de la educación reconocieron ayer que la lectura de este decreto «abre nuevas expectativas» respecto a una reivindicación histórica. «Es lógico devolver ciertas competencias al área que mejor las controla, es una demanda antigua», aseguró a este periódico un dirigente de uno de los sindicatos con mayor implantación en la Administración del Principado de Asturias.


El decreto publicado ayer en el BOPA reorganiza las competencias de cuatro de las nueve consejerías del Ejecutivo regional. Los principales cambios, competencias en materia de personal aparte, son los siguientes:


l Presidencia. La Consejería de Florentino Alonso Piñón se hará cargo de la coordinación de la política informativa y de la portavocía del Ejecutivo. En cambio, pierde las competencias en justicia.


l Hacienda y Sector Público. Asumirá las competencias en materia de justicia, además de mantener las referentes a los Presupuestos, intervención y contabilidad.


l Economía y Empleo. El nuevo decreto establece que el departamento que dirige José Manuel Rivero se encargará de la gestión de los sistemas informáticos y de comunicación del Principado, un ámbito del que dependen contratos millonarios y que en la anterior legislatura estaban asignados a la Consejería de Administraciones Públicas que dependía de Ana Rosa Migoya. Además, esta Consejería también tendrá a su cargo las competencias en materia de investigación y desarrollo, tecnología e innovación, así como la evaluación y el seguimiento de la sociedad de la información.


El Consejo de Gobierno tiene previsto celebrar hoy su reunión semanal, en la que podrían despejarse varios de los nombramientos de altos cargos que aún están pendientes para cerrar el organigrama del Ejecutivo de Francisco Álvarez-Cascos, que tomó posesión de su cargo hace un mes tras un largo proceso poselectoral que convirtió a Asturias en la última autonomía en constituir su nuevo Gobierno.

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