Ribadesella, C. J. / P. G.

En la batalla que, según los representantes universitarios, se libra para mejorar la calidad de la Enseñanza Superior aparece siempre la necesidad de «captar talento». Atraer a las aulas de las facultades españolas a profesores de prestigio que, de paso, ayuden a subir en los «rankings». «Esos profesores suelen ir a centros de prestigio, en los que hay un buen ambiente de trabajo y, claro, un buen salario», enumera Manuel Villa Cellino. Ese reto es más fácil en las universidades privadas, ya que las públicas deben limitarse a las figuras docentes -titular o catedrático, por ejemplo, y mediante una oposición- aprobadas. «En general la Universidad española no ha sabido elegir a sus profesores», lamenta el ex rector asturiano Juan Vázquez.

Para tratar de mejorar surgió, a la par que el «plan Bolonia», el proceso de acreditación del profesorado que supervisa la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), dirigida por Zulima Fernández. Un sistema que, según explica, «no hace catedráticos; es simplemente una condición necesaria a partir de la cual la gente se presenta a una oposición». Los problemas aparecen, según Juan Vázquez, cuando a los profesores en período de formación «en lugar de en personas que hacen un currículum los hemos convertido en coleccionistas de méritos». «Si la gente cuando lo entiende mal y se dedica a coleccionarlos... pero no pueden hacer lo que quieren, tienen que utilizar un baremo que está previamente establecido», le responde Fernández.

Ante las críticas, la responsable de la Agencia Nacional de Evaluación hace una llamada a la responsabilidad: «Lo que tiene que hacer la ANECA es establecer un perfil mínimo, que el docente que aspira a ser titular o catedrático cumpla un mínimo de investigación y de docencia. Después, lo que tiene que hacer la Universidad es decidir si quiere un gran investigador con un poco de docencia o un docente espléndido con investigación básica», explica. Para Peces-Barba, el sistema de acreditación no garantiza la excelencia, «ésa la tiene que buscar cada Universidad». Vázquez lo contempla más bien como un sistema de «eficiencia» en la selección de personal.

Ribadesella, C. J. / P. G.

Las elecciones generales del próximo 20 de noviembre se observan con incertidumbre desde las primeras filas de la gestión académica. «Yo creo que nos preocupan más de cara al país», aclara Juan Vázquez. Sobre el resultado electoral de los próximos comicios, el pronóstico de Gregorio Peces-Barba está claro: «Una mayoría absoluta del PP resultaría nefasta para muchas cosas», alerta, «no hay más que recordar las dos legislaturas de Aznar». «Y la Universidad lo sufriría probablemente, sobre todo, en aquellas comunidades autónomas que se encuentran envalentonados», añade el ex presidente del Congreso y fundador de la Carlos III de Madrid.

Más allá de las cábalas sobre lo que pasará después del 20-N, que las competencias en Educación se hayan transferido a las comunidades implica «un menor riesgo en la cuestión electoral para las universidades», dice Juan Vázquez. «Lo relevante ha sido, en buena medida, las elecciones autonómicas», opina, «salvo en cuestiones de investigación y en regulación general, asuntos muy vinculados con las decisiones del Gobierno central». «Espero que a nadie se le ocurra hacer ya otra LOU», reflexiona el ex rector de la Universidad de Oviedo, en referencia a la polémica Ley Orgánica de Universidades impulsada por el PP en las presidencias de Aznar. «Hemos gastado ya una década entera en hacer y deshacer la LOU; supongo que habrá servido como vacuna», añade. Peces-Barba advierte, sin embargo, que un triunfo del PP podría devolver la LOU a la actualidad informativa.

Mientras la fecha electoral se acerca, el ex presidente del Congreso llama la atención sobre el reparto de competencias en el Gobierno, tras la separación de Educación e Investigación en el gabinete actual. «Tengo una excelente opinión sobre sus responsables, pero es un error descomunal», sentencia Peces-Barba. «Se separan ámbitos muy interrelacionados», añade Manuel Villa Cellino, «y aun así ni siquiera se ligó mucho la investigación a la empresa». Actualmente son las universidades las que, en un porcentaje altísimo, se encargan de la investigación española, aunque ambos campos dependen de ministerios distintos, lo que, según Villa, aleja a España de la «eficiencia». «Esa separación no tiene sentido», apostilla, «y genera muchos conflictos; hay conflictos de adjudicación de muchos miles de euros».