Oviedo, E. LAGAR

El Gobierno del Principado asegura que ha decidido recortar 11,3 millones de euros en transferencias a la radiotelevisión asturiana (RTPA) para «salvaguardar servicios básicos esenciales» y «para que aquí no ocurra como en Cataluña y no tengamos que cerrar ningún hospital».

Son palabras del consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, que compareció ayer por la tarde para asegurar que «ninguna entidad dependiente del Principado de Asturias, ni las nóminas de los funcionarios y empleados públicos, ni los pagos a proveedores, se verán afectados por las medidas de contención del gasto». Con una excepción, la RTPA. Ahí el Gobierno encabezado por Álvarez-Cascos asegura que ha tomado «una decisión que es firme». El Consejero admitió que el Ejecutivo no tiene ningún plan de futuro para la RTPA más allá de la restricción económica y añadió que cualquier negociación sobre el ente tendrá de dirimirse en el Parlamento asturiano -donde Foro está en minoría-, puesto que la RTPA nació de una ley que requiere una cualificada mayoría de dos tercios de los diputados para modificarse.

Ésta fue la misma idea que su jefe de filas, Francisco Álvarez-Cascos, expresó en la mañana de ayer en una entrevista radiofónica, en la que indicó que todo pasa por un acuerdo normativo en la Junta. «No puedo hablar en nombre de una mayoría ni de otras fuerzas políticas, pero la posibilidad de abrir un diálogo en sede parlamentaria sobre la adopción de otras medidas está abierta ya desde hace meses». El Presidente, en relación a las demoras en los pagos por parte del Principado, indicó que no existe «ninguna estrategia» ideada con el objetivo de «asfixiar a nadie».

El consejero Del Riego aseguró que las retenciones a la RTPA sólo se habían producido tras el acuerdo de gobierno adoptado el pasado martes, en el que se aprobó un ajuste de 156,8 millones en los Presupuestos regionales. Sin embargo, las notificaciones bancarias de ingreso aportadas por el ente público de comunicación indican que en julio se hizo la última transferencia con destino al pago de las productoras proveedoras de la RTPA y que en agosto sólo se ingresó la cantidad correspondiente a las nóminas de la plantilla.

Aunque el ajuste en la RTPA centró buena parte de las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de Ramón del Riego, el objetivo del Consejero con su comparecencia era negar que el actual Gobierno esté pagando con más demora que el anterior. Para ello desgranó numerosos datos sobre las reducciones del tiempo de cobro conseguidas durante su gestión, algo sobre lo que también había incidido el presidente regional por la mañana. Del Riego sentenció que el Gobierno «ha mejorado la gestión de su tesorería, agilizando pagos».

A preguntas de LA NUEVA ESPAÑA sobre las medidas que la patronal asturiana FADE reclamaba al nuevo Gobierno para aliviar la situación de los acreedores sometidos a demoras de cobro que, en algunos casos como el de la sanidad, llegan a 257 días, el Consejero reconoció que el actual Ejecutivo «no tiene sobre la mesa» ningún plan. La FADE había manifestado su preocupación por la restricción crediticia actual, que prácticamente impide a las empresas acceder a préstamos bancarios hasta que cobran de la administración, como hacían hasta 2008. La patronal había propuesto que, como se ha hecho en otras regiones, el Gobierno habilitase una línea de avales ante los bancos para poder acceder al crédito. Del Riego culpó de la restricción crediticia a las políticas desarrolladas por los socialistas (citó a Areces y a Zapatero) y aunque reconoció que no se están planteando habilitar avales, aseguró que la situación de las empresas acreedoras de la Administración irá mejorando a medida que vayan reduciendo los tiempos de pago.

Cascos anunció el martes que el consejero de Hacienda detallaría el plan de ajuste, pero ayer Del Riego remitió a los periodistas a cada consejería del ramo para conocer qué inversiones concretas serán reprogramadas o suprimidas. Sí explicó que una de las principales reducciones (33 millones correspondientes a gastos financieros) corresponde una estimación sobre los intereses que el Gobierno no tendrá que pagar, al haberse producido una evolución favorable de los tipos bancarios y a que el Gobierno no pedirá algunos créditos. Tampoco detalló qué inversiones serán suprimidas dentro de otro de los grandes capítulos del ajuste, el correspondiente a la Junta de Saneamiento, que verá recortada su asignación en 31,9 millones de euros. Aquí, sin aludir expresamente al anterior Gobierno regional, se preguntó sobre la responsabilidad de quienes permitieron que esta entidad pública se endeudase para acometer obras sin tener en cuenta que «ese déficit consolidaría el déficit regional», algo por lo que el Ministerio de Economía apercibió al Principado el pasado mayo.