La importancia del carbón de piedra

Cabarrús fue exonerado de todas las acusaciones de malversación que se le habían hecho tras una investigación abierta en 1792, a la muerte del que fuera ministro de Hacienda, López de Lerena, que tanta participación había tenido en su caída. Incluso, en 1796, fue repuesto como gobernador del Banco de San Carlos. Está claro que las acusaciones habían sido parte de una maniobra, en un momento de claro repliegue ante el temor al contagio revolucionario francés, para apartar de la vida pública a algunas significadas personalidades por sus ideas avanzadas. Además de Jovellanos, por las mismas fechas, también fueron desterrados de Madrid algunos burócratas y militares, y la condesa de Gálvez, cuya casa frecuentaba Jovellanos. La acusación contra esta última era que en su domicilio recibía a «varios caballeros franceses» y de que en ella se celebraban reuniones en las que se criticaba al Gobierno.

A Jovellanos no le quedó otro remedio que abandonar Madrid en ese momento, «resuelto de no pretender jamás volver a la Corte», según el texto de Ceán ya citado. El 20 de agosto de 1790, Jovellanos inició las anotaciones de sus Diarios, que nos permiten reconstruir sus pasos y pensamientos desde entonces. Llegó a Gijón, según consta en los mencionados Diarios, el 8 de septiembre de 1790. Su hermano Francisco de Paula, que era por entonces el mayorazgo de la casa familiar de los Jovellanos, le destinó en ésta «unas piezas decentes y capaces [...] para su habitación y estudio; y en ellas colocó sus libros y papeles, y estableció cierto régimen de vida y distribución de tiempo, que no alteró en los once años que permaneció en aquel retiro», escribe Ceán-Bermúdez. Sus habitaciones estaban en la que se denominaba «torre nueva», en el segundo piso, en el conocido como «cuarto de la torre», hasta 1797, y a partir de 1798, en el piso principal.

Con anterioridad a este encargo de informar sobre el estado de las minas de carbón en Asturias, ya se había ocupado Jovellanos del tema de este combustible, cuestión que era por entonces de la máxima actualidad.

La primera noticia de la existencia de carbón mineral en Asturias se remonta ya al siglo XVI, pero estas referencias antiguas pasaron desapercibidas y fue el médico Gaspar Casal, en la Historia natural y médica del Principado de Asturias, publicada en 1762, quien vuelva a aludir a la presencia de este mineral en tierras asturianas. Desde mediados del siglo XVIII, el carbón mineral estaba teniendo un papel fundamental en la industrialización que avanzaba por diversos países de Europa, y algunos políticos, como Pedro Rodríguez Campomanes, estaban convencidos de que España no podría emular ese crecimiento industrial sin el recurso al carbón mineral. El carbón vegetal, que hasta entonces se había venido utilizando, era cada vez más escaso y caro y amenazaba con hacer desaparecer buena parte de los bosques. En Inglaterra, en cambio, llevaban ya dos siglos y medio explotando su carbón, que era usado con profusión tanto en los hogares como en las explotaciones industriales.

Desde antes de 1770, ya se venían explotando algunas minas de carbón en Asturias. En 1770-1771, la Marina envió unos comisionados a Asturias para informarse sobre sus yacimientos. Se explotaban por entonces unas nueve minas en los concejos de Nava, Siero, Langreo y Lena. Estas minas se trabajaban de forma muy rudimentaria, en muchos casos por los propios paisanos, que hacían rozas muy superficiales y empleaban el carbón obtenido para el consumo familiar. Había, sin embargo, cierto recelo hacia su uso entre las gentes nobles, que imputaban al consumo de carbón las enfermedades respiratorias, que eran más bien consecuencia del clima húmedo y lluvioso.

Junto a los particulares que extraían el carbón, habían surgido también los asentistas, que primeramente explotaron por medio de obreros asalariados algunas minas, pero que luego consideraron más ventajoso el instalarse en los puertos, principalmente el de Gijón, donde compraban el carbón que los naturales de los concejos mineros arrancaban y transportaban hasta allí en sus carros o con animales de carga. Posteriormente, el carbón era transportado desde Gijón a bordo de pataches y quechemarines, que cargaban entre 25 y 75 toneladas, hasta los arsenales militares de La Cavada, El Ferrol y Cartagena.

Efectivamente, uno de los principales clientes por entonces era el Ministerio de Marina, pues en los buques de la Armada se había sustituido el lastre de piedra por lingotes de hierro, llamados «salmones», que se obtenían fundiendo viejos hierros de los que había gran abundancia en sus arsenales. Además, en éstos, se habían instalado ya algunas máquinas de vapor que también consumían carbón mineral. Había, pues, una primera demanda de carbón y las previsiones eran de que ésta iría creciendo.

Pronto surgieron conflictos sobre a quién correspondía la propiedad de las minas de carbón. Los paisanos venían haciendo sus explotaciones en terrenos comunales sin solicitar licencia alguna. En 1789, se constituyó en Santander la Compañía de San Luis para explotar minas de carbón en Asturias. Esta empresa quiso explotar en régimen de monopolio la denominada Mina Grande, en Lieres, para lo que solicitó formalmente permiso, entrando en contradicción con los intereses de los vecinos de la zona.

Otro conflicto surgió cuando los asentistas de la Marina en el puerto de Gijón se encontraron con que, dada la escasez de carbón que llegaba a éste, no tenían suficiente para cumplir sus compromisos. Fue así como consiguieron de las autoridades locales de Marina que se prohibiera el envío por parte de otro comerciante de una partida de carbón con destino al País Vasco, para usos civiles. Juan Bautista González, que era el comerciante afectado, hizo una representación al Rey por el Ministerio de Marina, «solicitando que los subdelegados de Marina no le impidiesen, ni a los demás naturales del Principado, la libre extracción por mar del carbón de piedra que habían descubierto y beneficiado a su costa».

Estas dos cuestiones, el régimen de propiedad de las minas de carbón y la libertad de comercio, fueron planteadas, entre otras personalidades, a Jovellanos. En la legislación vigente sobre minas metálicas, el monarca se atribuía la regalía de los productos metálicos, reservándose la potestad de conceder su explotación a terceras personas a cambio del pago de un canon, que era el quinto del valor de lo producido. No estaban sometidos a esta misma regalía los materiales de construcción, y a este régimen, que era además el que imperaba en Inglaterra, fue al que quiso Jovellanos asimilar las minas de carbón. En su propuesta no se establecía distinción entre suelo y subsuelo, y los propietarios del primero tenían capacidad para explotar el carbón que había debajo, o ceder a terceros su explotación y beneficio. En terrenos de propiedad comunal, podía explotar el carbón que allí hubiera cualquier vecino, y solamente intervendrían las autoridades municipales en casos de conflicto. Igualmente, Jovellanos se mostró totalmente favorable al libre comercio del carbón, y a que se acabase con el monopolio de los asentistas. Todas estas cuestiones y otras las había respondido Jovellanos en el «Informe sobre el beneficio del carbón de piedra y utilidad de su comercio», fechado el 9 de abril de 1789, en el que también abogaba por que se abrieran caminos desde las minas al puerto de mar más cercano a ellas, que se proporcionasen buques para su transporte, y se estableciese en Asturias la enseñanza de la mineralogía teórica y práctica.

La Armada, por su parte, trataba de asegurarse la provisión de carbón sin depender de proveedores externos. Así, la solución final adoptada fue una posición intermedia que trataba de conciliar la postura de Jovellanos, que veía en el carbón un bien, abundante, cuya explotación debía ser libre, y la defendida por Fernando Casado de Torres, ingeniero de la Armada, para la que el carbón era un recurso estratégico. Fue así como el Ministerio de Marina, a cuyo frente estaba el almirante Antonio de Valdés y Bazán, de ascendencia asturiana por vía paterna, a fin de mejor atender a su demanda con carbones baratos y de calidad, se reservó para la exclusiva explotación por la Marina, las dos laderas del valle del Nalón a su paso por el concejo de Langreo, constituyendo en 1792 la Real Compañía de Minas de Langreo.

Nada más llegar a Gijón, Jovellanos dio cumplimiento a la comisión encargada sobre las minas de carbón. Realizó para ello varias expediciones, iniciando la primera el 19 de septiembre por Oviedo, Ribadesella y Llanes, aprovechando el viaje para acercarse hasta Covadonga. La segunda la emprendió el 11 de octubre, partiendo en dirección a Avilés, y regresó el 15 de este mes. Al día siguiente salió hacia Oviedo, desde donde el 20 acometió la tercera excursión a las minas de los concejos de Siero y Langreo, regresando el 25 a Gijón.

Cuenta el canónigo González de Posada que, para el informe carbonero, Jovellanos visitó las principales zonas donde hasta entonces se habían descubierto yacimientos carboníferos: «Siero, Langreo, Tamón, Colunga y otros, entrando en aquellas lóbregas, negras y obscurísimas bóvedas, tomando de memoria las nombres de cuantos trabajaban en ellas, para colocarlos en su Diario, que siempre escribía en los viajes, con mil observaciones curiosas, pertenecientes a todo género de literatura, al mediodía o a la noche, cuando debía descansar en las posadas. Informábase de los sujetos más instruidos de los concejos donde hay minas sobre todo lo relativo al carbón de piedra». Para mejor cumplir su cometido Jovellanos pidió libros sobre la explotación y aprovechamiento de este mineral a París y Londres, con los que amplió sus conocimientos en la materia.