La incineradora que el Consorcio de Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) impulsa en Serín está planteada para «hacer negocio quemando basuras del norte de Europa». Es lo que cree el Gobierno regional, de Foro Asturias, y así lo aseguró el actual director general de Medio Ambiente del Principado, Francisco Rivas, en una charla en Carreño del partido en el Gobierno.

Rivas también concretó que Cogersa presentó ante el Banco Europeo de Inversiones (BEI) una documentación «presuntamente falseada, vamos a dejarlo así», para lograr que esta entidad apruebe un crédito para financiar el horno donde previsiblemente se quemarán los residuos de todos los asturianos una vez se llene el vertedero central, previsiblemente en el año 2015. Se refiere Rivas a que este tipo de instalación debe estar incluida en un plan de residuos, pero en el Principado «el anterior plan que estuvo vigente entre 2001 y 2010 finalizó su licencia el 31 de diciembre de 2010, con lo que Asturias está incumpliendo la legislación, tanto a nivel nacional como europeo», matizó el director general de Medio Ambiente.

El Banco Europeo de Inversiones tiene previsto informar este mismo mes sobre si da financiación al horno de Serín o descarta el crédito.

Francisco Rivas se mostró muy crítico con el anterior Gobierno, encabezado por el socialista Álvarez Areces, respecto a la forma en la que se tramitó la construcción del horno de residuos de Serín. «El Gobierno de Foro Asturias se ha encontrado con un proyecto de licitación para construir una incineradora de residuos urbanos por parte de Cogersa, S. A., sin ningún soporte legal», explicó Rivas, y prosiguió su intervención añadiendo que «en materia de residuos la competencia para planificar la gestión es del Gobierno regional, no de Cogersa, organismo que ha sacado de tantos problemas al Gobierno anterior, que no se ha tutelado y al que se le ha dejado hacer lo que le ha venido en gana», remató el actual director de Medio Ambiente.

El anterior Gobierno del Principado defendió la construcción del horno como el único modelo viable para el tratamiento de basuras en Asturias a partir de 2015. El PP apoyó el proyecto, eso sí, estipulando dos condiciones: que los ayuntamientos no tuviesen que avalar el coste de la obra (unos 250 millones de euros) y que la capacidad del horno, planteado en un primer momento para quemar 450.000 toneladas de basura el año, se redujese en 30.000 toneladas, que serían las correspondientes al tratamiento de lodos que se derivarían a las cementeras. Además, el Gobierno anterior siempre negó que el horno de Cogersa fuese a asumir la quema de residuos de otras comunidades, algo que sí hacen otras instalaciones de este tipo, como es el caso de la incineradora de Mallorca, similar a la asturiana, y que plantea quemar basuras de la ciudad de Nápoles.

Rivas aseguró en su discurso en Carreño que Cogersa «tiró por la calle del medio y sacó a concurso el proyecto de la incineradora» sin tener un plan de residuos vigente que contemplase este sistema de tratamiento. En cambio, sostuvo que el Gobierno actual no tiene «planteamientos radicales en contra de la incineradora; si se tiene que hacer, se hará, pero exigiendo que tenga las mejoras técnicas disponibles y ajustadas a las necesidades de Asturias para tratar la fracción resto de los asturianos, pero no para montar un negocio eliminando los residuos del norte de Europa». La semana pasada la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (FAC), se posicionó «radicalmente» en contra de la incineración como modelo para gestionar las basuras en Asturias tal y como está planteada.