El Gobierno regional, de Foro Asturias, sopesa descentralizar la gestión de residuos del Principado a través de dos plantas en las alas de Asturias, una en el Oriente y otra en el Occidente. Esto supone un cambio del modelo de gestión de basuras que lleva 26 años funcionando en el Principado y que concentra las basuras de todos los concejos de Asturias en el vertedero de Serín. Así lo explicó el director general de Medio Ambiente, Francisco Rivas, en una charla sobre temática medioambiental celebrada en Candás. «La idea nuestra es descentralizar, por ejemplo con una planta en la zona oriental y otra en la occidental», aseguró Rivas, que no concretó a qué tipo de plantas se refería. Además, en ese mismo foro, el director general de Medio Ambiente aseguró que la «macroincineradora está desechada» y la tramitación, «paralizada».

La incineradora de Serín, una de las mayores inversiones en obra pública que se preveían para los próximos años en Asturias, parece que está en el aire a juzgar por las declaraciones del director general de Medio Ambiente. El cambio de Gobierno, encabezado ahora por Francisco Álvarez-Cascos, ha sembrado las dudas sobre este proyecto que Cogersa ya licitó en 250 millones de euros en noviembre del año pasado. Este mes de noviembre, además, el Gobierno actual debería recibir contestación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), al que se le solicitó crédito para financiar una obra que tendrá un coste de 250 a 300 millones de euros.

La incineradora de Serín se planteó y se aprobó en la junta de Cogersa con los avales del PSOE y el PP, para dar relevo al vertedero controlado de Serín, cuya capacidad para almacenar las basuras de Asturias no irá más allá del año 2015, fecha en la que se pretendía que el horno crematorio estuviese en marcha para empezar a quemar los residuos de los asturianos y no tener que enfrentarse al problema de qué hacer con la basura una vez el vertedero se selle de forma definitiva.

A pesar de lo avanzado en la tramitación de la planta y de que el horno se daba casi por hecho, el actual Gobierno del Principado no se ha decantado claramente por el proyecto de la incineradora tal y como ha sido concebido, con 420.000 toneladas de capacidad. Y es que aunque el director de Medio Ambiente, Francisco Rivas, explicó que «la macroincineradora está desechada», a renglón seguido aseguró que si se tiene que hacer una incineradora «se hará», eso sí, una vez se tenga diseñado el nuevo plan de gestión de residuos de Asturias, que será «el que nos dirá hacia dónde queremos ir», explicó Rivas.

Foro Asturias recurre al mismo argumento que los ecologistas para paralizar el proyecto aprobado por Cogersa: que Asturias no tiene un plan de residuos vigente que sustente el horno de basuras, y que el anterior, que caducó en 2010, no contemplaba este proyecto. Sin embargo, el plan de residuos 2001-2010 sí contempla la llamada «valorización energética», aunque no especifica concretamente la capacidad de la planta incineradora ni hace una descripción específica de la misma.

Lo cierto es que con plan de residuos o sin él, Asturias se enfrenta a un serio problema. Y es que si finalmente se apuesta por la incineradora, el plazo de construcción que precisa esta planta es ya muy ajustado si quiere tenerse operativa para 2015, cuando previsiblemente se colmate el vertedero. En caso de que, finalmente, el Gobierno del Principado rechace la incineración tendría que tener una alternativa que pueda esta operativa para 2015 y evitar así tener que desviar la basura a otras regiones vecinas, con el consiguiente coste económico.

Cogersa, el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias, donde están representados el Gobierno regional y todos los ayuntamientos de la región, se fundó hace 26 años para dar una solución de alcance regional a las basuras de los asturianos, que hasta esa fecha se acumulaban en numerosos vertederos pirata o escombreras. De esa iniciativa nació el vertedero controlado de Serín.

El anterior Gobierno regional, presidido por el socialista Álvarez Areces, fue el que lanzó por primera vez la idea de construir una planta incineradora de residuos donde se quemarían las basuras que no se pueden reutilizar o reciclar una vez se colmate el vertedero central. Se trataría de un horno de basuras similar al que funciona en otras comunidades como Galicia, Mallorca, Melilla o Madrid.

Pero la idea no convenció a todos. Los ecologistas esgrimieron estudios que aseguran que estas plantas incineradoras son peligrosas para la salud por las toxinas que se desprenden en la combustión y reclamaron se busquen otras alternativas sin necesidad de quemar e impulsando más el reciclaje en la región, cuyas cifras están muy por debajo de lo deseable.

IU, por aquel entonces socio de Gobierno del PSOE, también se opuso a la incineradora y reclamó una apuesta por el reciclaje y la reutilización de residuos para evitar tener que construir esta planta. IU solicitó la creación de una ley de residuos, que iba más allá incluso del plan de residuos. El PSOE, a través del por entonces consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa, Francisco González Buendía, siguió defendiendo el proyecto, apelando a que no había otra alternativa, y llevó la propuesta a la junta de Cogersa, donde la incineradora consiguió los avales suficientes para comenzar su tramitación.

Izquierda Unida se abstuvo en la votación, y el PP puso sus exigencias, pero apoyó el proyecto. Desde Cogersa, su gerente, Santiago Fernández, siempre defendió la necesidad de llevar a cabo este proyecto. Explicó el responsable de Cogersa que aunque se aumentase el reciclaje, nunca sería suficiente como para eliminar la llamada «fracción resto», es decir, todos aquellos residuos no reutilizables. En mayo de este año la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) dio luz verde a la ampliación de los terrenos de Cogersa, donde, «por lógica», se pretendía ubicar la incineradora.