De la crisis política en la que vive Asturias desde las pasadas elecciones pueden extraerse muchas lecciones, y una de ellas, no sé si la principal pero sí muy importante, es la necesidad de cambiar el procedimiento por el que se elige al presidente del Principado, un método que no se aplica en ninguna otra democracia parlamentaria y que pudo tener algún sentido cuando se aprobó, en los albores de la autonomía, pero que ahora sólo da problemas.

Cada Parlamento tiene su sistema para la elección del presidente del Gobierno, pero casi todos coinciden en nombrar al que reúna la mayoría absoluta de los votos o, en una segunda ronda, a quien tenga más votos a favor que en contra.

Asturias en eso es diferente. Los diputados no pueden votar en contra de un candidato, sólo votar a favor o abstenerse. Así puede salir elegido presidente un candidato que tenga a la mayoría de la Cámara en contra e incapaz de alcanzar acuerdos con ninguno de los otros partidos. Es decir, como ocurre ahora con Cascos, que gobierna con el respaldo de sólo un tercio de los votos, con abrumadoras votaciones en contra en la Junta General un día tras otro y sin la más mínima intención de acercarse a los otros partidos para conseguir su apoyo.

Este peculiar sistema de elección de presidente pudo tener justificación en su día, cuando la autonomía asturiana apenas contaba con competencias y ni siquiera tenía capacidad para convocar elecciones anticipadas. En aquellas circunstancias lo prioritario era que Asturias tuviese Gobierno. Siempre era mejor un Ejecutivo en ultraminoría y atado de pies y manos por la oposición que no tener nada.

Pero esa época ya pasó. Ahora el Estatuto de Autonomía permite la disolución de la Junta General y la convocatoria de elecciones anticipadas. Si los 45 diputados de la Junta General no logran un mínimo acuerdo para elegir un presidente que al menos tenga más votos a favor que en contra, siempre se pueden convocar nuevas elecciones para que los asturianos decidan.

Con otra normativa, si Cascos quería ser presidente habría tenido que dignarse a negociar con el PSOE o con el PP al menos su abstención en la Junta. Evidentemente, el PSOE o el PP sólo aceptarían votar a favor o abstenerse a cambio de algo, ya fuese entrar en el Gobierno, un pacto de legislatura o, como mínimo, un compromiso de no beligerancia. Cualquiera de esas alternativas habría impedido la situación actual, con un Gobierno que rechaza negociar con los demás instalado en el cuanto peor, mejor, y una oposición que es incapaz de aparcar por un tiempo sus evidentes diferencias ideológicas para sacar a Asturias de la parálisis y el desgobierno.

Las leyes, cualquier normativa, tienen que estar para ayudar a los ciudadanos, no para dificultarles la vida. El sistema de elección del presidente del Principado es claramente una de esas normas que ponen trabas al normal discurrir de la región. Urge cambiarlo. Si PSOE y PP no lo hacen, que luego no se lamenten si tras unas próximas elecciones vuelve a salir elegido un presidente sin posibilidad de aprobar absolutamente nada en la Junta General e incapaz de sacar adelante cualquier política en favor de Asturias.