Oviedo, P. GALLEGO

Asturias ha sido, desde las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo, una excepción. Aún lo es. No sólo porque sea la única comunidad que se enfrenta de nuevo a unos comicios, el próximo 25 de marzo, de las trece que celebraron elecciones entonces, además de Ceuta y Melilla. Tampoco porque el partido que sustenta al Gobierno regional, Foro Asturias, no existiera hace poco más de un año. El Principado es también una excepción porque, de las cinco comunidades cuyo resultado electoral el 22-M no fue una mayoría absoluta a favor del Partido Popular, es la única región en la que no se llegó a un acuerdo político, de ningún tipo, que diese estabilidad a un Ejecutivo en minoría.

De los 45 diputados que componen la Junta General, Foro se hizo con 16, frente a 15 del PSOE, 10 del PP y 4 de IU. Gobernar en minoría, con el único apoyo de 16 de los 45 diputados, es complicado. Máxime cuando, como ocurrió en Asturias, el Ejecutivo no logró el apoyo de un partido, el PP en este caso, con el que coincide en la mayoría de sus propuestas políticas, según señalan los socialistas.

Mientras foristas y populares comenzaron el verano negociando un pacto que nunca llegó a producirse -dicen, cada uno de ellos, que por culpa de las aspiraciones del otro-, el resto de comunidades lograba llegar a acuerdos. Es el caso de Canarias, Aragón, Navarra y, en último caso, Extremadura, aunque por diferentes razones.

El Gobierno canario que preside Paulino Rivero nació del acuerdo entre su partido, Coalición Canaria, y el PSOE, aunque la fuerza más votada en los comicios autonómicos fue el Partido Popular. Rivero continuaba así al frente del Ejecutivo autonómico, aunque con otro socio, y el secretario general de los socialistas canarios, José Miguel Pérez, pasaba a ser el vicepresidente del Gobierno de Canarias. Coalición Canaria se hizo con las carteras de Economía, Turismo, Servicios Sociales, Sanidad y Política Exterior, y los socialistas -tercera fuerza en los comicios-, asumieron las áreas de Administraciones Públicas, Educación, Igualdad, Sostenibilidad, Empleo, Industria, Energía y Comercio.

En el caso de Aragón, donde gobierna Luisa Fernanda Rudi (PP), la solución no fue un Gobierno en coalición con otro partido, sino un «pacto de gobernabilidad» entre los populares y el Partido Aragonés (PAR). El «pacto de gobernabilidad» fue una de las modalidades que se discutió, sin éxito, en las conversaciones fallidas entre Foro y el PP celebradas el pasado verano en la Junta. Rudi no tiene en su Consejo de Gobierno a miembros del PAR, sino que negocia con ellos apoyos puntuales que le permitan sacar adelante sus iniciativas en las Cortes de Aragón.

Un poco más al norte, en Navarra, el Ejecutivo que preside la regionalista Yolanda Barcina nació de un acuerdo entre su partido, Unión del Pueblo Navarro (UPN), y el PSOE. En las elecciones del 22-M UPN obtuvo 19 de los 50 escaños que componen el Parlamento navarro, el 38 por ciento. Una proporción similar a la de Foro en Asturias, con 16 escaños de 45 que tiene la Junta, un 35,5 por ciento del total. UPN decidió sumar fuerzas con los socialistas; Foro, continuar en solitario. El acuerdo en Navarra, además de estabilizar el Gobierno autonómico, dio al PSOE una vicepresidencia y tres consejerías. Se da la circunstancia de que, aunque su socio en el Gobierno regional es el PSOE, UPN concurrió a las elecciones generales del pasado 20 de noviembre junto al PP.

El caso de Extremadura fue claramente distinto. El escrutinio de los votos llevó a un reparto de escaños entre el PP, con 32 diputados, y el PSOE, con 30, dejando a IU con 4 diputados. Aunque la unión de la izquierda habría mantenido en el poder a los socialistas, IU se abstuvo en la votación que dio la Presidencia al popular José Antonio Monago. Ahora, para sacar adelante los Presupuestos para 2012, Monago volvió a tirar de «mano izquierda»: a cambio de satisfacer algunas de las peticiones de IU, la coalición retiró su enmienda a la totalidad sobre las nuevas cuentas del PP.