«El quebranto en Sogepsa será mayor por ir al Supremo», advierten los expropiados

Los servicios jurídicos de varios expropiados de Prado de la Vega (Oviedo) que consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) fallara a su favor, duplicando el precio de tasación de sus terrenos en la zona, sostienen que los recursos que Sogepsa está presentando ante el Tribunal Supremo suponen una «huida hacia adelante» que «va a incrementar todavía más el quebranto económico» al que se expone esta sociedad mixta por la gestión de las expropiaciones en el área residencial junto al Hospital Central.

Participada en un 45% por el Principado, la Sociedad Mixta de Gestión del Suelo (Sogepsa) -tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA- adquirió en 2005 a la inmobiliaria ovetense Essua, S. L. la llamada «parcela 51» de Prado de la Vega por nueve millones de euros, incluido el IVA. Según el precio establecido en las tasaciones realizadas a partir del año siguiente para otros solares del mismo enclave, la expropiación de la finca le hubiera salido por un máximo de 3,8 millones de euros. Este ámbito de actuación urbanística ya había sido declarado reserva regional de suelo en 2002, lo que abría la puerta a su expropiación forzosa.

Sogepsa pagó la «parcela 51» a Essua, S. L. a razón de 120 euros el metro cuadrado. En el posterior proceso de expropiación, la sociedad mixta ofreció a otros propietarios un máximo de 60 euros para cerrar operaciones de mutuo acuerdo, después de que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) fijara en 49,22 euros el precio del metro cuadrado a expropiar en Prado de la Vega, donde estaba previsto levantar casi 3.500 viviendas.

Un grupo de propietarios, conocedores a posteriori del precio abonado por la «parcela 51», decidió recurrir ante el TSJA la tasación de sus terrenos, mucho más baja. El juez les está dando la razón, al entender que Sogepsa no puede valorar las expropiaciones en menos dinero del que pagó de forma voluntaria por terrenos en esa misma zona. En uno de los fallos judiciales la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJA, al que ha tenido acceso este periódico, reconoce el derecho de los recurrentes a percibir por su solar a razón de 135,69 euros el metro cuadrado. La tasación de la Comisión de Urbanismo había sido de 49,22 euros. Sogepsa ha presentado ya recursos de casación ante el Supremo para tratar de anular lo ordenado por el TSJA.

Gerardo de la Iglesia, abogado de varios de los expropiados que recurrieron la tasación oficial, estima que la sociedad mixta va a fracasar en su intento de que el Supremo anule las valoraciones del TSJA, toda vez que, según apunta, el Supremo «tiene vedado en casación la valoración probatoria de los pleitos». Este letrado, que tumbó el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Oviedo y la empresa Comamsa por «Villa Magdalena», sostiene que si el Supremo no atiende las pretensiones de Sogepsa «el quebranto para la sociedad mixta será fabuloso, mucho más importante de lo que ya es».

«Los intereses de la operación siguen contando, como lo hacen desde hace ya más de cinco años y, además, también habrá una imposición de las costas procesales, que se cargarán a Sogepsa en el caso de que no se atienda su recurso», subraya De la Iglesia. Fuentes conocedoras del caso calculan que, en este momento, y con independencia de lo que pueda suceder en el Supremo, la sociedad mixta tendría que pagar entre 8,4 y 10 millones por los sobrecostes en Prado de la Vega si pierde todos los pleitos planteados. El suelo que está en disputa ronda los 123.000 metros cuadrados, según esas mismas fuentes.

En las declaraciones efectuadas ayer a este diario, Gerardo de la Iglesia aseguró que, antes de llevar el caso al TSJA, trató de alcanzar un acuerdo con Sogepsa sobre la tasación de los terrenos de sus representados, «con el objetivo de evitar la vía judicial». De acuerdo con su versión, pese a haber pagado a 120 euros el metro a Essua, los gestores de la sociedad mixta se negaron en redondo a abonar a los representados de De la Iglesia más de 60 euros el metro cuadrado. «Hubiésemos aceptado 75 u 80 euros en pronto pago, pero fue imposible de lograr y, ahora, Sogepsa, por las sentencias del TSJA, tiene que hacer frente a tasaciones que superan los 135 euros, una cantidad que puede estar hasta por encima del valor real de los terrenos en cuestión».

A juicio de Gerardo de la Iglesia, Sogepsa «ha cometido un grave error político» en Prado de la Vega. Asegura que «todo el problema surge de haber pagado el terreno a 120 euros» a la inmobiliaria Essua, algo de lo que responsabiliza directamente a Francisco González Buendía, ex consejero socialista de Ordenación del Territorio y presidente de Sogepsa en el momento en que se cerró la operación de venta de la «parcela 51», en la que participó como apoderado de la sociedad mixta. «El consejo de administración le facultó para hacerse con los terrenos, pero no los valoró a 120 euros», subraya el letrado.

Tal y como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, para la adquisición de la «parcela 51» a un precio muy superior a los del proceso de expropiación que arrancó un año después de la compra, Sogepsa dio por buena la valoración de la finca que aparece en la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales que se realizó cuando la inmobiliaria Essua, S. L. adquirió el solar a sus propietarios originales, en 2003. En la liquidación, de la Consejería de Economía del Principado, se valora el solar en 6.303.285,60 euros, lo que se traduce en un precio de cien euros el metro cuadrado. Fue el precio aceptado como base por Sogepsa para pagar el terreno a 120 euros dos años después. Valorar los terrenos de acuerdo con datos fiscales de la Administración, como hizo Sogepsa en la «parcela 51» de Prado de la Vega, es un método que no resulta «nada habitual» en la sociedad mixta, según De la Iglesia, letrado con notable experiencia urbanística.

No ha trascendido el precio que pagó Essua por la «parcela 51» a sus propietarios, pero cuando la vendió al Principado, sobre la finca -que incluía una casa en «regular estado» y varias ruinas- pesaba una hipoteca de 1,3 millones. Essua se constituyó en 1991 con 3.006 euros. En 2005, tuvo unas ventas de 139.662,53 euros. En el año 2006, tras la operación con Sogepsa, subieron a 7.866.806,28 euros, y al año siguiente cayeron a 88.863,28 euros.