Gijón, M. SUÁREZ

«Estamos hablando de suelo industrial, no rústico. Lógicamente, su precio es mayor». Portavoces de la empresa de prefabricados Rubiera Predisa explican así por qué Sogepsa valoró su terreno por el doble de lo que pagó a otros propietarios de terrenos expropiados para desarrollar el Área Residencial de Roces. «Es más», prosigue esta firma gijonesa de prefabricados, «nos pagaron menos de lo que los jurados de expropiación estaban fijando entonces para este tipo de suelos. Hubo mucho debate».

La Sociedad Mixta abonó 4,5 millones de euros (más IVA) por tres fincas de Rubiera que sumaban 51.610 metros cuadrados; esto es, 87 euros por metro. El precio para los vecinos que también se avinieron a vender sus propiedades de mutuo acuerdo fue de 60 euros en el mejor de los casos. El precio fijado para la expropiación forzosa fue de 43,32 euros por metro cuadrado.

«Que nadie piense que lo nuestro fue un pacto de conveniencia. Las negociaciones fueron larguísimas y había una diferencia enorme entre nuestras tasaciones y la valoración de Sogepsa», aseguran representantes de la empresa Rubiera Predisa. Y añaden: «Si firmamos el acuerdo fue porque acabábamos de salir de otra expropiación -para el tramo gijonés de la Autovía Minera- y no queríamos meternos en más recursos, que tardan años y años en resolverse». En el caso de la Autovía Minera, Rubiera Predisa ganó todos los pleitos, consiguiendo por la vía contencioso-administrativa una valoración superior a la que se había hecho inicialmente por el suelo. Con estos antecedentes, «lo normal es que nos hubiesen dado la razón también en el Área de Roces, pero ya no estábamos para meternos en otro proceso judicial», insiste la empresa que, todavía hoy, sigue opinando que «Sogepsa nos pagó menos de lo que valía el suelo».

En las tres fincas que antes pertenecían a Rubiera Predisa se ha creado ahora un parque con zona canina. Se trata de una de las dotaciones verdes del nuevo barrio que se está levantando al otro lado de la Ronda Sur de Gijón. Esta urbanización de 3.700 viviendas, en su mayoría protegidas, fue una de las grandes apuestas en política de vivienda del anterior Gobierno regional. El proyecto abarcó casi un millón de metros cuadrados, cuya expropiación -el precio del metro para quienes no llegaron a acuerdos fue de 43,32 euros- llevó a algunos vecinos a plantarse frente a las excavadoras. «No todo el suelo tenía la misma calificación urbanística», insisten desde Rubiera.