El líder de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, ha reaccionado con dureza ante las informaciones periodísticas, apoyadas en un informe de la Policía, que le relacionan con la «trama Gürtel». Pero en vez de cargar contra las fuerzas de seguridad, como hizo en su día, cuando acusó a «una camarilla policial» de fabricar pruebas contra Luis Bárcenas -el ex tesorero del PP y uno de sus hombres de confianza en el partido-, Cascos carga contra su antiguo partido, al que acusa de intentar perjudicarle ante las elecciones del 25-M en Asturias por no desmentir el contenido del informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha remitido al juez del caso, Pablo Ruz.

El diario «El Mundo» publicó el martes que, según fuentes policiales y de la Fiscalía Anticorrupción, Francisco Álvarez-Cascos sería la persona que responde a las iniciales «P.A.C.» y que habría cobrado 980.000 euros de la «trama Gürtel». Cascos aseguró ese mismo día que esto es «radicalmente falso». Ayer, el líder de Foro requirió al PP, por vía notarial, los datos de las empresas que el partido contrató para las campañas electorales de 2003 y 2004, citadas en el informe de la Udef. También pidió a su antiguo partido que certifique quiénes ocupaban entonces la secretaría general y la dirección de las campañas.

Para Cascos, la dirección del PP mantiene una «elocuente e irresponsable pasividad» ante la divulgación de las suposiciones policiales «radicalmente falsas», al tiempo que sostiene que «la filtración y la divulgación del informe, y el silencio del PP para desmentir los datos económicos falsos que aparecen en él en estas fechas preelectorales constituyen por acción u omisión una grave injerencia en la objetividad de las autonómicas del 25 de marzo». Para Cascos, supone una vulneración del derecho recogido en el artículo 23 de la Constitución a participar en elecciones libres en pie de igualdad.

El líder de Foro reitera que el informe de la Udef se basa en datos económicos «manifiestamente inverosímiles para cualquier conocedor de los presupuestos electorales de los partidos políticos, y que la dirección del Partido Popular puede desmentir fácilmente» con sólo hacer pública la documentación contable remitida en su día con carácter obligatorio al Tribunal de Cuentas. Cascos niega tener relación alguna sobre las empresas citadas en el informe, que habrían abonado las comisiones, y se reserva «cuantas acciones legales» le amparen «en la defensa de la verdad de unos hechos que interfieren claramente en el desarrollo del proceso electoral».