Las dos varas de Sogepsa

Malos tiempos para la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa). El organismo que pinchó y cortó en muchos de las grandes actuaciones urbanísticas de la región se enfrenta ahora a las acusaciones de numerosos colectivos ciudadanos, que ponen en duda la legalidad de la compra de terrenos a diferentes empresas con precios muy superiores a los tasados para las expropiaciones, como ocurrió en los casos destapados recientemente por este periódico en Prado de la Vega (Oviedo), área residencial de Roces (Gijón) y Santianes (Sariego). Las operaciones se alejan de la normativa europea para entidades con participación mayoritariamente pública y ponen en cuestión el modelo de desarrollo apadrinado por el Principado durante los años del «boom» de la vivienda.

Sogepsa nació en 1984, al amparo del primer Gobierno de Pedro de Silva, como un elemento dinamizador del suelo municipal y autonómico destinado a distintos usos. Concebida desde un primer momento como una sociedad mixta, el Principado y un importante grupo de ayuntamientos aportan actualmente más del cincuenta y cinco por ciento del capital. El resto corre a cargo de empresas. Por este motivo, y según el derecho europeo desarrollado durante la pasada década, no está capacitada para funcionar como una organización privada, algo que le atribuyen numerosos juristas y ciudadanos.

Según estos mismos expertos, una de las principales consecuencias de su dudosa actuación es la doble vara de medir en relación al precio con el que ha adquirido terrenos para llevar a cabo algunas de sus más destacadas operaciones. Es decir, que Sogepsa no había tenido problemas para comprar parcelas a inmobiliarias y constructoras por cantidades muy superiores a las fijadas posteriormente para las expropiaciones a las que se vieron forzados pequeños propietarios implicados en la misma actuación. O, lo que es lo mismo, que habría concedido a unos, los más poderosos, lo que les negaba a otros, los más débiles.

Es lo que ocurrió en 2005 con la «parcela 51» de Prado de la Vega, en Oviedo, de 64.806 metros cuadrados. Sogepsa, presidida entonces por el ex consejero Francisco González Buendía, la compró por nueve millones a la inmobiliaria ovetense Essua, S. L., pese a que tan sólo habría tenido que pagar un máximo de 3,8 millones de acuerdo a las tasaciones realizadas por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) para las expropiaciones. La empresa beneficiada se había hecho con la finca en mayo de 2003, cuando ya estaba incluida en la reserva regional de suelo para la actuación urbanística, aprobada en febrero de 2002, por lo que sabía que era una finca a expropiar, aunque aún se desconociesen los precios. Los pequeños propietarios de los alrededores, muchos de ellos obligados a la expropiación forzosa, recibieron cantidades mucho menores.

Fueron precisamente estos propietarios, al sentirse agraviados, los que presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA), que falló a su favor al reconocer el derecho a que se justiprecie el suelo en litigio a 135,69 euros el metro cuadrado, cuando previamente había sido fijado en 49,22.

Sogepsa operó de la misma manera en 2006 con otra parcela en los terrenos para desarrollar el área residencial de Roces, en Gijón. En este caso, la entidad abonó más de 5,2 millones de euros por tres solares que suman 51.610 metros cuadrados a una empresa asturiana de prefabricados, casi 87 euros por metro cuadrado, el doble de lo fijado por la CUOTA, que era de 43,32 euros. También muy por encima de lo que ofertó para transacciones de mutuo acuerdo con otros propietarios. Según los críticos a la gestión de Sogepsa, la empresa no se habría guiado por los criterios de eficiencia en la gestión propios de su naturaleza semipública al conceder a uno mucho más que al resto.

Más de lo mismo ocurrió en 2008 en los terrenos donde se levantó el polígono industrial de Santianes, en Sariego. La sociedad mixta desembolsó casi 1,4 millones de euros por 24 parcelas que sumaban 78.195,05 metros cuadrados en favor de una empresa del sector inmobiliario. Si se hubiera guiado por los criterios aplicados posteriormente para los expropiados, en su mayoría vecinos de la localidad con suelo rural, habría tenido que entregar menos de medio millón. Pero más llamativo es aun que los beneficiados por la jugada se habían hecho con los terrenos muy poco antes de la fecha fijada para la ocupación, lo que ha levantado el recelo del resto de desposeídos, que se plantean iniciar acciones legales.

Los capítulos de Oviedo, Gijón y Sariego son sólo tres ejemplos de lo que, según los colectivos de ciudadanos afectados, ha marcado la conducta de Sogepsa en los últimos tiempos. Estos perjudicados consideran que esta conducta contradice la normativa europea de la que se ha hecho eco la legislación española y que le impide operar según los criterios del libre mercado. Por eso, la sociedad que campó durante años a sus anchas por el urbanismo asturiano podría verse abocada ahora a un reguero de denuncias y, muy probablemente, deberá afrontar una profunda redefinición de sus cometidos o, en su caso, desaparecer.