El candidato de IU a la presidencia de Asturias, Jesús Iglesias, ha expresado este sábado su rechazo al Real Decreto diseñado por el Gobierno de España para pagar la deuda a los proveedores, al considerar que reviste "visos de inconstitucionalidad" y deja a los ayuntamientos "intervenidos política y económicamente".
En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por Alberto Tirador, secretario de política municipal de IU de Asturias y alcalde de Illas, y los alcaldes de Lena, Ramón Argüelles, y Mieres, Aníbal Vázquez, ha opinado además que "destruirá empleo público" y "forrará a los bancos", al articularse a través de un mecanismo similar al del concurso de acreedores.
El candidato a presidir el Gobierno autonómico ha adelantado que, al contrario que el PSOE, IU no apoyará el texto el jueves en el Congreso de los Diputados y estudiará presentar recursos de inconstitucionalidad al mismo, al entender que supone "una reducción escandalosa de la autonomía municipal".
INTERVENTOR, "VIRREY"
Entre otros particulares, y tras reconocer el derecho de los proveedores a cobrar, ha alertado de que el mismo se articula a través de un mecanismo "absolutamente inaceptable" que, por ejemplo, convierte la figura del interventor en una suerte de "virrey", con facultades como las de elaborar el listado de facturas pendientes y elaborar el plan de viabilidad para afrontar los pagos, todo ello, en "plazos fulgurantes" que finalizan el 30 de marzo.
Junto a ello, ha señalado que la medida permitirá que quienes vean saldadas sus deudas sean las grandes constructoras, en detrimento de otras pequeñas y medianas empresas. Además, para IU, el decreto abrirá la puerta a la subida de las tasas e impuestos municipales, a la privatización de servicios públicos municipales y a la reducción de plantillas.
Iglesias ha destacado que las deudas contraídas por las administraciones locales no han sido consecuencia de la irresponsabilidad de sus gestores, sino de la "insuficiencia" de los recursos de que disponen para mantener la actividad municipal, agravada por la asunción de competencias "impropias" y por las deudas de las comunidades, entre ellas el Principado, que "ha cerrado los grifos de financiación de las administraciones locales".
EUROPA PRESS
